La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido este miércoles que, si hubiera contado con mayoría suficiente en la Cámara Alta, habría activado el artículo 155 de la Constitución frente a las comunidades autónomas que rehúsan aplicar la Ley de Vivienda, entre ellas la Comunidad de Madrid.
“Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado. Es una manera elocuente, de visibilizar que, en ocasiones, todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional”, ha apuntado la ministra en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.
Rodríguez ha explicado que “le llevan los demonios” disponer de una herramienta como la Ley de Vivienda, “que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler” y, al mismo tiempo, observar realidades como la de la Comunidad de Madrid, “donde está subiendo el precio del alquiler a dos dígitos”.
“Yo, como demócrata tengo que cumplir la ley y respetar el marco constitucional. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. Incluso les diría que si no quieren asumir esa competencia, yo estoy dispuesta a asumirla, pero es que yo no puedo obviar que vivimos en un Estado democrático, en un Estado constitucional”, ha recalcado la ministra.
La titular de Vivienda ha puesto en valor que la Ley de Vivienda le faculta para instar a las comunidades autónomas a ordenar los alojamientos turísticos o de temporada y a reforzar la promoción de vivienda protegida.
“Y después hay una variante que yo tampoco puedo ocultar a la opinión pública y a la ciudadanía y es que construir viviendas, que es el objetivo prioritario, lleva tiempo”, ha señalado la ministra.
“La gran anomalía: menos vivienda social que alojamientos turísticos”
Rodríguez ha denunciado que durante años “este país no se tomó en serio el derecho a la vivienda”. “Tampoco nos tomamos en serio que teníamos un mandato constitucional de desarrollar una ley y hemos tardado 45 años en hacerlo”, ha indicado, aludiendo al retraso en la aprobación de una norma estatal.
La ministra ha reiterado que el derecho a la vivienda “no es un derecho de segunda”, sino un derecho recogido en la Constitución, con un reparto claro de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
En este sentido, ha recordado que “no nos cuestionamos que si nos ponemos enfermos es la comunidad autónoma la que nos atiende en los centros de salud y en los hospitales públicos. ¿Por qué nos cuestionamos que en el marco de las competencias de las comunidades autónomas no seamos atendidos en nuestro derecho a la vivienda? Creo que este es el gran cambio de paradigma que estamos impulsando desde el Ministerio”, ha indicado.
Rodríguez ha vuelto a incidir en que la “gran anomalía” del mercado residencial español es que existe “menos vivienda social que alojamientos turísticos”, una situación que, según ha subrayado, el Gobierno pretende corregir mediante la aplicación de la Ley de Vivienda y el impulso de nuevas promociones.