Jorge Galindo aboga por políticas que faciliten el acceso a la vivienda en lugar de penalizar la acumulación

Jorge Galindo destaca la necesidad de políticas que faciliten el acceso a la vivienda y critica la burocracia que frena nuevos desarrollos.

Jorge Galindo, doctor en sociología por la Universidad de Ginebra y director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), presenta su obra 'Tres millones de viviendas' (Debate, 2025).EDITORIAL DEBATE

Jorge Galindo, nacido en Valencia en 1985 y doctor en sociología por la Universidad de Ginebra, ha centrado su trayectoria profesional en el estudio de políticas urbanas y sociales, así como en el análisis de las disparidades laborales y generacionales en el sur de Europa. Galindo, que ocupa el cargo de director adjunto en el Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), ha publicado la obra ‘Tres millones de viviendas’ (Debate, 2025), donde defiende la movilización del parque inmobiliario frente a su ‘ociosa’ acumulación.

En declaraciones a Europa Press, el autor ha expresado que, aunque la acumulación de propiedades puede tener ‘alguna ventaja’ si está gestionada por entidades dedicadas al alquiler a largo plazo, es crucial desde el punto de vista fiscal facilitar el acceso a la vivienda a quienes buscan habitarla o adquirir su primer hogar, mientras que debe penalizarse la posesión improductiva. ‘Me importa más el uso (…). En la tenencia, lo que quiero, no es penalizar la acumulación (de vivienda), es favorecer el acceso de quien no tiene’, afirmó Galindo.

Galindo, en su libro, estima que son necesarias tres millones de viviendas en la próxima década para responder al aumento de hogares y al actual déficit de construcción. ‘Es una aproximación que es inevitablemente grosera desde el punto de vista estadístico, pero que creo que debería servir para marcarnos un objetivo y para cambiar el marco del debate, salirnos del debate de suma cero y pasar al debate de qué hay que hacer viviendas’, explicó el sociólogo.

Además, el experto criticó la ineficacia administrativa que, a su juicio, obstaculiza el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales debido al exceso de burocracia. Apoyó la idea del silencio administrativo positivo, una medida propuesta en la reforma de la Ley del Suelo, actualmente bloqueada en el Congreso, que permitiría avanzar en proyectos urbanísticos ante la falta de respuesta de la administración.

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