El CEO de Endesa, José Bogas, ha manifestado que es «lo más probable que ocurra» un aplazamiento de tres años en el cronograma para desactivar el complejo nuclear, que comenzaría según lo programado en 2027 y 2028 con los dos reactores de Almaraz en Extremadura, dado que se fundamenta en «razones técnicas». No obstante, recalcó que la última palabra la tiene el Gobierno, encargado de «marca la política energética».
En el contexto de un encuentro con analistas para discutir los resultados del primer semestre, Bogas expresó su esperanza de que «pronto» las compañías dueñas -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- se congreguen para deliberar sobre el futuro del parque nuclear en el país.
Bogas resaltó la contribución crucial de la energía nuclear en la descarbonización, destacando su capacidad para proveer energía limpia y constante, y mencionó que la estrategia en Europa sobre este tema es «un poco diferente o muy diferente a la que tenemos en España».
Además, señaló que recientemente Endesa y Iberdrola presentaron al Gobierno una propuesta inicial para posponer el plan de cierre, aunque la propuesta no fue firmada por los otros dos propietarios, Naturgy y EDP.
Esta propuesta sugería una disminución fiscal, dado que el costo actual de la nuclear es de unos 65 euros por megavatio hora (MWh), con impuestos que constituyen más del 25%, aproximadamente 17 euros por MWh. «Necesitamos una reducción mínima de 10 euros/MWh, y nuestra propuesta incluye la eliminación de algunos impuestos y tasas locales», enfatizó Bogas.
El Gobierno, sin embargo, rechazó esta propuesta por no cumplir con las tres condiciones esenciales que incluyen la seguridad de las personas, la garantía de suministro y que no incremente el coste para los ciudadanos. A pesar de esto, Bogas consideró que «todos los propietarios, no solo Iberdrola y Endesa, sino todos los propietarios de centrales nucleares, están en condiciones de cumplir con este requisito establecido por el Ministerio (para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)».