Juan Santamaría, consejero delegado de ACS, ha subrayado que estamos presenciando el albor de la era de la inteligencia artificial (IA), y que España ocupa una posición de ventaja para capitalizar este potencial. Durante su intervención en un evento organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Santamaría expuso que las inversiones globales en centros de datos se proyectan en más de tres billones de euros hasta 2030, con un aumento de la capacidad de 60 gigavatios (GW) a 300 GW.
Asimismo, mencionó que la industria de semiconductores, esencial para los centros de datos, necesitará entre 300.000 y 400.000 millones de euros adicionales, mientras que la demanda energética se duplicará durante el mismo período. Aunque estas cifras son «tremendamente infantiles» comparadas con lo que se anticipa para el futuro, según Santamaría, ACS ha evolucionado de ser una firma de infraestructuras a una tecnológica para aprovechar estas oportunidades de inversión. De hecho, de los 60 GW de capacidad instalada a nivel mundial, ACS ha desarrollado 9 GW.
El grupo también se enfoca en las áreas de digitalización, demanda energética, demografía y defensa. En movilidad, se destaca por invertir en vertipuertos y drones, mientras que en defensa, la inversión apunta al objetivo de gasto del 5% del PIB en países OTAN, con un 1,5% destinado a infraestructuras. «Todo ello implica un reseteo de las infraestructuras», ha afirmado Santamaría, resaltando la necesidad de adaptación de ACS a un entorno tecnológico.
POSICIÓN DE ESPAÑA ANTE LA OLA DE LA IA
Según Santamaría, España «tiene una posición privilegiada» para sacar partido de la IA, gracias a su liderazgo en fibra óptica y energías renovables, además de su estratégica ubicación geográfica. A pesar de estas ventajas, ha señalado la necesidad de fortalecer los ecosistemas locales para retener el talento nacional.
En cuanto a la propuesta de implementar peajes en autovías, Santamaría ha reiterado la posición histórica de Abertis, destacando la necesidad de que los usuarios financien las carreteras, con posibles desgravaciones para aquellos que las utilizan por motivos laborales o educativos.