En una reciente sesión plenaria del Congreso, Junts ha planteado una iniciativa para modificar la normativa vigente y endurecer los requisitos para la concesión de permisos de paternidad a trabajadores migrantes, alegando posibles fraudes. La propuesta buscaba alterar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009, que regula los derechos por maternidad y paternidad, así como por riesgos durante el embarazo y la lactancia.
Isidre Gavín, diputado de Junts, ha sido el encargado de defender la moción, destacando las quejas de varios agricultores sobre el abuso en la concesión de estos permisos y mencionando fraudes relacionados con la poligamia en algunos países. “La Administración concede estos permisos con una solicitud hecha a mano, a veces con letra ilegible y con sello de goma. Vayan ustedes a sacarse el carnet de conducir o a darse de alta como autónomos con un papel escrito”, enfatizó Gavín desde la tribuna.
VOX DICE QUE JUNTS SE ACERCA A SU POSICIÓN Y «LE PARECE BIEN»
Durante el debate, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe señaló que, aunque considera la propuesta de Junts algo «tímida», reconoce que se alinea con la dirección que su partido ha marcado desde hace tiempo. “Nosotros lo dijimos siempre y ahora hasta ustedes, señores de Junts, empiezan a reconocer que teníamos razón”, declaró Aizcorbe.
Por otro lado, Agustín Parra del PP ha reconocido la existencia de fraude, pero ha advertido que la propuesta podría “estigmatizar” a grupos vulnerables. “La lucha contra el fraude es contra el fraude, sin etiquetas ni perjuicios”, subrayó Parra.
EL PSOE DENUNCIA EL SEÑALAMIENTO DE JUNTS A LOS MIGRANTES
María Carmen Castilla Álvarez, del PSOE, ha criticado la propuesta de Junts por considerar que conduce a un «señalamiento» injusto de los migrantes. “No hay lugar en un Estado de Derecho para medidas que generen desigualdad en el acceso a los derechos sociales”, argumentó. En la misma línea, la diputada Júlia Boada de En Comú, integrada en Sumar, ha señalado que la medida busca «recortar derechos» sin sustento en datos concretos.
El portavoz de Esquerra Republicana, Jordi Salvador, ha calificado la iniciativa de «xenófoba, racista y vergonzosa», mientras que Marije Fullaondo de EH Bildu y Noemí Santana de Podemos también han expresado su rechazo, señalando la propuesta como un avance hacia el «racismo institucional». Idoia Sagastizabal del PNV ha mencionado que la medida solo complicaría burocráticamente un derecho esencial, haciéndolo inaccesible para muchos.