Junts plantea que el Estado costee a las pymes un plan de asesoramiento en inclusión

Junts propone que el Estado financie asesoramiento gratuito a pymes en inclusión laboral y fija una cláusula de obligación formativa si no hay fondos.

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La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, interviene en la segunda jornada de la 26 edición del Debate sobre el Estado de la Nación, en el Congreso de los Diputados, a 13 de julio de 2022, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press

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Junts ha presentado en el Congreso una propuesta de reforma legal para que la Administración General del Estado asuma, con carácter obligatorio, la financiación de un servicio gratuito de asesoramiento dirigido a pymes sobre cómo crear entornos laborales inclusivos.

La formación independentista ha registrado una enmienda a una proposición de ley del PSOE orientada al impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante la cuota de reserva de empleo en las empresas.

El partido que lidera Miriam Nogueras argumenta en su enmienda, recogida por Europa Press, que es necesario reforzar la capacidad de las pymes para cumplir la normativa, y que este esfuerzo no debe recaer en las comunidades autónomas, sino cargarse a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Servicio financiado con cargo a los Presupuestos

Mediante esta enmienda, Junts pretende añadir una disposición adicional a la proposición de ley para que los Presupuestos incluyan de forma expresa ese servicio gratuito de asesoramiento para pymes. Dicho servicio abarcaría cuestiones como la atracción y selección de personal de manera inclusiva, la aplicación de ajustes razonables, la accesibilidad digital y el uso de medidas de apoyo ya existentes de ámbito autonómico, canalizadas a través de los servicios de empleo competentes en cada territorio.

La formación propone que la dotación económica asignada a cada comunidad autónoma se reparta siguiendo criterios objetivos, considerando, entre otros factores, la población, el número de empresas sometidas a la cuota de reserva y la situación del empleo de personas con discapacidad en cada territorio.

Junto a esta enmienda, Junts ha registrado otra para activar una cláusula de salvaguarda en caso de que no se habilite esa financiación específica. Así, si pasados seis meses desde la entrada en vigor de la ley no se hubiera aprobado una dotación presupuestaria suficiente para el servicio de apoyo técnico a pymes, las empresas con 50 o más empleados deberán diseñar, implantar y mantener un plan anual de formación en inclusión laboral y ajustes razonables, dirigido al menos al personal de Recursos Humanos y selección.

Este plan deberá contemplar, como mínimo, contenidos sobre contratación y selección inclusivas, procedimiento de ajustes razonables y provisión de ayudas técnicas, accesibilidad digital en portales, pruebas y documentación, así como prevención de la discriminación por razón de discapacidad y pautas de trato adecuado.