QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La próxima semana, durante el Pleno del Congreso, Junts presentará una proposición no de ley que busca reforzar las condiciones para otorgar permisos de paternidad a trabajadores migrantes temporales, ante las sospechas de fraudes en su concesión.
Esta propuesta, impulsada por el partido de Miriam Nogueras, se registró en agosto y será debatida en el último Pleno de septiembre. En el mismo evento, se discutirán también las propuestas de ley del PSOE y Junts para transferir a Cataluña competencias sobre inmigración.
Según un informe recogido por Europa Press, Junts ha observado un ‘incremento significativo’ en las peticiones de esta prestación por parte de los migrantes, particularmente en áreas como la agricultura y la construcción. Algunas de estas solicitudes han generado alertas por posibles fraudes, especialmente cuando se han pedido varios permisos en cortos periodos, citando nacimientos en los países de origen sin presentar pruebas sólidas.
ALGUNAS TENÍAN LETRA ‘ILEGIBLE’
El diputado de Junts, Isidre Gavín, cuestionó al Gobierno en la sesión de control sobre la aceptación de documentos con ‘letra ilegible’ por parte de la administración. Gavín también mencionó que algunos temporeros solicitan múltiples permisos bajo la premisa de la poligamia en sus países de origen, y que al obtenerlos, trabajan ‘en negro’ paralelamente.
La próxima semana, Junts sugerirá modificar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009, que regula las prestaciones por maternidad y paternidad, para añadir ‘certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles’ como requisito, asegurando que las prestaciones se otorguen conforme a la legalidad y veracidad.
En contraparte, durante la sesión de control, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó que no veía necesaria una reforma legal en este sentido ya que solo se han sancionado a 22 personas en Cataluña, una cifra que consideró ‘anecdótica’. Saiz también recordó que la normativa vigente ya incluye mecanismos adecuados para prevenir y sancionar fraudes, sin necesidad de imponer más requisitos.
