El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha respaldado este miércoles la sanción impuesta por la Comisión Europea a la estadounidense Intel por abuso de posición dominante, aunque ha decidido recortar en 140 millones de euros el importe fijado inicialmente, en un pleito que se arrastra desde 2009.
La corte europea confirma así la responsabilidad de la compañía y fija una multa definitiva de 237,1 millones de euros, frente a los 376,3 millones establecidos por Bruselas. El Tribunal General subraya que esta nueva cuantía “refleja más adecuadamente la gravedad y la duración de la infracción controvertida”.
El enfrentamiento judicial entre Intel y la Comisión Europea constituye un procedimiento especialmente prolongado. En su origen está la multa récord de 1.060 millones de euros que el Ejecutivo comunitario impuso en 2009 al fabricante de chips por intentar apartar del mercado de microprocesadores a rivales como AMD.
En 2022, el Tribunal General con sede en Luxemburgo estimó parcialmente los recursos de Intel y decidió anular “en su totalidad” aquella sanción, al considerar que no era posible aislar con precisión la parte del importe correspondiente exclusivamente a las “restricciones manifiestas”.
En aquella resolución, los jueces concluyeron que el examen realizado por Bruselas era incompleto y no acreditaba de manera jurídicamente suficiente que los descuentos condicionados ofrecidos por Intel podían o podrían generar efectos anticompetitivos.
Nueva sanción en 2023
Tras ese revés judicial, la Comisión Europea recalculó en 2023 la sanción, limitándola únicamente a las conductas que no habían sido anuladas por el Tribunal General, es decir, a las “restricciones manifiestas” impuestas a HP, Acer y Lenovo en relación con el uso de procesadores AMD.
Sobre esta base, el Ejecutivo comunitario fijó un nuevo importe de 376,3 millones de euros. Intel volvió a acudir a los tribunales europeos para solicitar la anulación total o parcial de la decisión y, en su caso, la eliminación o reducción de la multa.
En su sentencia actual, el Tribunal General respalda la actuación de la Comisión Europea al considerar que se sitúa en un contexto procedimental “perfectamente conocido por la empresa, y que dicha decisión explica con claridad el método de cálculo de la multa y las razones por las que se basa en las restricciones manifiestas”.
En cuanto al tamaño de la sanción, el Tribunal General entiende que Bruselas aplicó de forma adecuada los criterios relativos a la gravedad y a la duración de la infracción. Sin cuestionar la legalidad de la decisión de 2023, sí aprecia que “procede afinar” la valoración del importe final.
Los jueces reclaman, por un lado, tener más en cuenta el número relativamente reducido de ordenadores afectados por esas restricciones y, por otro, el intervalo de doce meses existente entre algunas de las prácticas contrarias a la competencia. A partir de estos elementos, el Tribunal General establece una rebaja de 140 millones de euros sobre la suma fijada por la Comisión.
La compañía estadounidense dispone aún de la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), limitado a cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez días desde la notificación de la sentencia.