Las diferencias de precios de los alimentos entre el origen y el destino, y las fuerzas desiguales de productores, industria alimentaria y distribución son los principales retos de la cadena agroalimentaria. Para intentar equilibrarla, España aprobó en 2013 la Ley de la Cadena alimentaria, modificada en 2021 tras las sucesivas manifestaciones y quejas de agricultores y ganaderos.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) se creó en 2014 (ampliando las competencias de lo que hasta entonces fue la Agencia para el Aceite de Oliva) con el objetivo de investigar las denuncias por posibles incumplimientos de la Ley y proponer sanciones en el caso de que se detecten infracciones.
Sin embargo, durante casi una década su labor de control no ha sido tan satisfactoria como se esperaba por la falta de efectivos y de coordinación en las comunidades autónomas.
Resultados de 2025
El año pasado, el trabajo de AICA se cerró con 991 infracciones sancionadas casi cuatro veces más que en 2024 y un 20% de todas las realizadas desde su creación en 2014 que fueron 4.947. Asimismo, el 80% de dichas sanciones de 2025, 793, fueron impuestas por las comunidades autónomas.
Más de la mitad de las infracciones (51 %) corresponden a la falta de inscripción en el registro de los contratos alimentarios. Del resto de sanciones, las más numerosas se refieren a incumplimientos de los plazos de pago y a la ausencia de elementos contractuales esenciales como el precio.
Durante el ejercicio 2025, AICA realizó 399 inspecciones, se supervisaron 2.978 relaciones comerciales e investigó 28 denuncias por presuntos incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Del total de las 4.947 infracciones de la Ley de la Cadena Alimentaria acumuladas desde 2014, las más habituales son por incumplimiento de los plazos de pago (que representan el 45% del total), seguida de contratos incompletos que no incorporan (por ejemplo) el precio de los alimentos (16%) o la no formalización por escrito de los contratos cuando su redacción es obligatoria (15%).
Por sectores, en los 12 años de funcionamiento, donde se han detectado un mayor número de infracciones ha sido en frutas y hortalizas (42%) en el sector vitivinícola (24%) y en el lácteo (12%).
Planificación para 2026-2029
Tras 12 años de funcionamiento, la Secretaria General del Ministerio de Agricultura ha establecido para la AICA un Planificación Estratégica 2026-2029 en el que destaca un programa piloto de cooperación reforzada con las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas.
Asimismo, dicho plan se basa en cuatro principios clave: continuidad, consolidación, simplificación y coordinación.
La Ley de la Cadena Alimentaria es una normativa española que la Unión Europea está estudiando, junto a otras leyes de otros países, con el objetivo de establecer algún mecanismo similar a nivel comunitario.