La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha verificado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) únicamente alcanza al 20% de los hogares en situación de pobreza, aunque ha advertido de que, con el diseño actual, podría llegar hasta el 50% de este colectivo.
El organismo presidido por Cristina Herrero ha difundido este miércoles su estudio sobre el IMV, uno de los tres trabajos enmarcados en la segunda fase del Spending Review 2022-2026, junto con los dedicados a la Incapacidad Temporal (IT) y a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
La AIReF lleva más de cinco años analizando el funcionamiento del IMV y ya había emitido cuatro opiniones previas sobre esta prestación. La nueva evaluación se centra en medir el efecto del IMV en la reducción de la pobreza en España.
Según el informe, esta ayuda ha permitido disminuir en un 30% la brecha de pobreza, entendida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza. Sin embargo, su efecto sobre la tasa de pobreza es más modesto, con un impacto del 9,5%.
“Estas cifras se elevarían al 58% y 16,2%, respectivamente, si el IMV hubiera desplegado todo su potencial”, ha calculado la AIReF en su informe.
A finales de 2024, fecha de referencia de la última remesa de microdatos recibida por la institución, el coste anual del IMV se situaba en 3.106 millones de euros. La AIReF estima que este importe ascendería a 6.145 millones si la prestación alcanzara su pleno despliegue y a 9.110 millones en un escenario de erradicación de la pobreza, tomando como referencia el umbral del 40% de la renta mediana equivalente.
En lo que respecta a la pobreza infantil, el IMV en su configuración completa —IMV más complemento de ayuda para la infancia (CAPI)— llega actualmente al 29% de los hogares con menores en situación de pobreza, si bien la institución subraya que su potencial de cobertura es muy superior.
MÁS DE LA MITAD DE LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES NO PIDEN EL IMV
Estos resultados se explican por unas tasas de “non take-up” del 55% en 2024, lo que implica que más de la mitad de los hogares que cumplen los requisitos para cobrar la prestación no la llegan a solicitar.
La evaluación detecta varias carencias estructurales en el diseño del IMV que han reducido su capacidad para combatir la pobreza de forma más efectiva. En primer lugar, se cuestiona que la renta computable se base en los ingresos del año anterior, en vez de utilizar información más reciente que refleje mejor la situación actual de los hogares.
En segundo término, la definición de la unidad de convivencia plantea problemas para su acreditación automática y continúa siendo el principal motivo de denegación de solicitudes. A ello se suma que, a juicio de la AIReF, el IMV se concibió como una ayuda poco integrada en el conjunto del sistema asistencial, especialmente en su coordinación con las rentas mínimas autonómicas, lo que ha dado lugar a “solapamientos y reconfiguraciones desiguales entre territorios”.
Además, la institución señala que han ido apareciendo nuevas dificultades, entre ellas el efecto desincentivador sobre la participación en el mercado laboral, lo que refuerza la urgencia de rediseñar el incentivo al empleo para impedir “la formación de trampas de la pobreza”.
El organismo también destaca que el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) registra tasas de “non takeup” especialmente altas, en torno al 72%. Esto pone de relieve, según la AIReF, la necesidad de avanzar hacia sistemas de concesión automática apoyados en los datos del registro civil desde el nacimiento del menor, con el fin de reforzar la lucha contra la pobreza infantil.
PROPUESTAS: NUEVO DISEÑO DEL INCENTIVO AL EMPLEO
En este contexto, la AIReF propone fijar objetivos cuantificables con metas y plazos definidos, impulsar mecanismos de verificación automática de los requisitos de acceso utilizando información más actualizada, acometer una reformulación integral del incentivo al empleo, proporcionar estadísticas homogéneas y comparables sobre las rentas mínimas autonómicas y reforzar las campañas de información y el acompañamiento individualizado para reducir las barreras de entrada a la prestación.
La institución prevé cerrar el ciclo de evaluaciones anuales del IMV con la publicación de la quinta Opinión en 2026, aunque deja la puerta abierta a retomar el análisis si se producen cambios normativos relevantes o circunstancias extraordinarias que lo justifiquen.
ANÁLISIS SOBRE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
En relación con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la AIReF plantea avanzar hacia un modelo de cooperación más integrado, transparente y orientado a resultados.
Entre 2021 y 2023, el volumen de AOD ascendió a 10.847 millones de euros, de los que el 83,4% se concentró en cuatro ministerios: Hacienda; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Economía, Comercio y Empresa; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La comparación internacional con nueve países europeos del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE sitúa a España por debajo de la media. En 2023, la AOD española supuso el 0,24% de la renta nacional bruta, frente al 0,37% de promedio del CAD y aún lejos del objetivo internacional del 0,7% fijado para 2030.
En cuanto a las vías de canalización, España muestra una fuerte orientación hacia el canal multilateral y una elevada proporción de donaciones. Las prioridades sectoriales se concentran en salud, gobierno y sociedad civil, así como en derechos humanos y género, un patrón que comparte en parte con otros países del sur de Europa.
SISTEMA DE ACOGIDA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Respecto al Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, el gasto contabilizado como AOD ha seguido una tendencia al alza, hasta alcanzar un máximo de 808,8 millones de euros en 2022, en un contexto marcado por la llegada de personas desplazadas por la guerra en Ucrania.
El estudio refleja que, transcurridos 4 años desde su llegada, el 45% de los entrantes se encuentra empleado, aunque se observan diferencias notables según la región de origen y una elevada concentración del empleo en sectores de baja cualificación.
La evidencia recogida apunta a que una parte de los solicitantes podría estar utilizando el procedimiento de protección internacional como vía alternativa para acceder al mercado de trabajo, lo que contribuye a tensionar el sistema de acogida. Ante esta situación, la AIReF plantea desarrollar canales específicos de migración laboral que permitan racionalizar el funcionamiento del Sistema de Acogida de Protección Internacional.