La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha aplaudido el reciente fallo de la Corte Suprema del país que declara ilegales los aranceles recíprocos impulsados por Donald Trump, y confía en que las devoluciones de estos gravámenes ahora anulados resulten especialmente relevantes para los pequeños importadores estadounidenses, favoreciendo además un mayor dinamismo económico en 2026.
“La decisión de la Corte Suprema es una buena noticia para empresas y consumidores”, ha resumido Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo y director de políticas de la Cámara de Comercio de EEUU, para quien los reembolsos rápidos de los aranceles invalidados “serán significativos” para los más de 200.000 pequeños importadores en este país y contribuirán a un mayor crecimiento económico este año.
“Alentamos a la Administración a aprovechar esta oportunidad para reestructurar la política arancelaria general de una manera que genere un mayor crecimiento económico, mayores aumentos salariales para los trabajadores y menores costes para las familias”, ha añadido.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha pronunciado este viernes en contra de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorgue al presidente la capacidad de aplicar los denominados aranceles recíprocos, lo que representa hasta ahora el mayor revés judicial para Donald Trump desde su retorno a la Casa Blanca.
“La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”, ha concluido el Alto Tribunal, de mayoría conservadora, que con 6 voto a favor y 3 en contra ha respaldado la sentencia de un tribunal inferior que ya había indicado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad. Los jueces del Supremo Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh han expresado una opinión contraria.
De esta forma, el Supremo tumba la interpretación defendida por el Gobierno de que la IEEPA confería al presidente la capacidad de fijar de manera unilateral aranceles ilimitados al margen de las importantes restricciones procedimentales de otras normas arancelarias, y recalca que la Casa Blanca debe “aducir una autorización clara del Congreso” para poder justificar una atribución tan extraordinaria como la de imponer aranceles.