La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha mostrado su satisfacción por el dictamen contrario del Consejo de Estado al proyecto de Real Decreto que pretendía reformar el registro horario, al incorporar buena parte de sus objeciones, entre ellas el incremento de costes que implicaría su implantación, que la patronal sitúa en más de 867 millones de euros.
Fuentes de la organización empresarial consultadas por Europa Press sostienen que el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz debe acatar el criterio negativo del Consejo de Estado, en el que se incluyen "de manera muy amplia y, en algunos casos de forma literal", la mayoría de las alegaciones que CEOE y Cepyme trasladaron a este proyecto normativo.
En particular, estas fuentes recuerdan que impugnaron el texto por nulidad al considerar que vulnera la reserva de ley y el derecho fundamental a la protección de datos. "En ambos casos, entendemos que el proyecto de Real Decreto incumple el principio de jerarquía normativa y que lo que pretende no se puede hacer a través de un reglamento", señalan.
Del mismo modo, y tal como refleja el dictamen del Consejo de Estado, la propuesta regulatoria "impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria".
En el ámbito de la protección de datos, el informe, apoyado en las conclusiones de la Agencia Española de Protección de Datos, ratifica que lo que persigue la norma "supondría una utilización masiva de datos personales especialmente protegidos", tal y como advirtieron las organizaciones empresariales.
La patronal añade que el dictamen también pone el foco en el desplazamiento de la negociación colectiva hacia un reglamento, en la vulneración de varios preceptos del Estatuto de los Trabajadores, en la falta de justificación de la urgencia y en la insuficiencia de la memoria de impacto.
Al mismo tiempo, las mismas fuentes destacan que el Consejo de Estado incorpora otros elementos ya señalados por CEOE y Cepyme, como los costes "desproporcionados" para las compañías que acarrearía el nuevo sistema de registro horario, que cuantifica en más de 867 millones de euros, así como la ausencia de adaptación a la realidad específica de los distintos sectores productivos.
Por todo ello, la organización presidida por Antonio Garamendi ha reiterado su oposición a una norma "que adolece de un vicio de nulidad" y reclama al Ministerio de Trabajo que respete las consideraciones formuladas por el Consejo de Estado.