La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reclamado que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) evite un aumento de la presión tributaria sobre el tejido empresarial, según ha señalado este miércoles en un comunicado.
En concreto, la Junta Directiva de la patronal ha dado luz verde al documento “Un presupuesto estratégico para reforzar la UE”, donde se fija la posición de las compañías españolas sobre el contenido y la arquitectura del MFP 202 -2034.
Según ha explicado la CEOE, la finalidad de este texto es alimentar el debate en torno a una Unión Europea (UE) “más competitiva, más cohesionada y más resiliente, así como defender el papel que el tejido empresarial español debe desempeñar en este proceso”.
Estabilidad para la inversión y crecimiento sostenible
El documento subraya la necesidad de disponer de un MFP robusto y ambicioso que responda a los crecientes desafíos y necesidades, con el fin de asegurar un marco de estabilidad y confianza para las inversiones, facilitar la planificación a largo plazo, impulsar la innovación y apuntalar un crecimiento sostenible en Europa.
En esta línea, la organización presidida por Antonio Garamendi anima a que el futuro presupuesto sea “más eficiente” y oriente los recursos hacia los ámbitos con mayor impacto y efecto tractor, situando a las empresas en el centro de la estrategia.
La propuesta de la Comisión Europea para el próximo MFP llega en un escenario marcado por fuertes tensiones geopolíticas, económicas y presupuestarias, con desafíos como la pérdida de competitividad de las empresas europeas, la fragmentación del mercado único o las amenazas a la cohesión territorial.
Fondo Europeo de Competitividad y riesgos en la nueva estructura
En este contexto, el texto de la CEOE valora como aspectos positivos de la propuesta inicial de Bruselas la creación del Fondo Europeo de Competitividad; la simplificación del entramado normativo, el impulso a la agilización de trámites y la reducción del número de programas; el reconocimiento del peso de la seguridad y la defensa; y el refuerzo de la gobernanza mediante órganos de participación de “stakeholders” industriales.
Sin embargo, la patronal muestra inquietud por la falta de precisión en el diseño de la nueva estructura; por los recortes en partidas tradicionales que sostienen la cohesión entre los Estados miembros (como las políticas agrícola y pesquera comunes); por la puesta en marcha de planes nacionales que, a su juicio, ponen en cuestión el actual sistema de gobernanza; y por la incorporación de nuevos recursos propios que elevarían la presión fiscal sobre las empresas, algo a lo que la CEOE se opone de forma tajante.
Aun así, la asociación destaca de forma favorable la creación del Fondo Europeo de Competitividad (EFC, por sus siglas en inglés) como herramienta esencial para reducir las debilidades de la UE en innovación y capacidad industrial, y que debe abarcar todo el ciclo de inversión. Para que sea realmente efectivo, el diseño del ECF tiene que priorizar la calidad frente a la mera absorción de fondos y garantizar la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Gobernanza, cohesión y papel de las regiones
Asimismo, la CEOE considera imprescindible establecer un modelo de gobernanza nítido y estable, con una implicación relevante de la industria. En cuanto a la política de Cohesión, como pieza clave para el equilibrio territorial, la organización recalca que debe disponer de recursos suficientes y predecibles para abordar la doble transición, reforzar la resiliencia económica y hacer frente a los riesgos para la convergencia.
En esta línea, la entidad rechaza cualquier intento de recentralizar la gestión de los fondos de cohesión y sostiene que la introducción de Planes Nacionales y Regionales de Asociación no reflejaría adecuadamente las necesidades de cada territorio y pondría en peligro el modelo de gestión compartida.
La patronal insiste en que las regiones son actores determinantes para la competitividad territorial y que se encuentran en mejor posición para respaldar al tejido empresarial y adaptar las inversiones a las particularidades locales.
Por último, la CEOE advierte de su preocupación por la reducción del volumen destinado a pilares tradicionales como la PAC o la política pesquera común, con recortes del 22% y del 67%, respectivamente, pese a su peso en la economía española y en la industria agroalimentaria, que sostiene la cadena de valor y la cohesión territorial, lo que, a su juicio, entra en contradicción con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria de la UE.