La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de que las subvenciones destinadas a las finanzas éticas podrían encajar en la categoría de ayudas de Estado, y ha reclamado una definición más precisa de los criterios que determinan qué actividades financieras pueden considerarse éticas.
Así se recoge en su informe sobre el proyecto de real decreto de fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas, elaborado a petición del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El texto normativo persigue fijar un marco específico de impulso para estas entidades y para las operaciones de financiación alineadas con objetivos sociales y medioambientales.
Entre las iniciativas contempladas se incluyen subvenciones públicas y campañas de difusión para reforzar su actividad y visibilidad. Estas medidas, según el organismo que preside Cani Fernández, deben analizarse “con cautela” y comprobar si se ajustan a la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado.
Indicadores claros y requisitos verificables
Tras examinar el proyecto desde la perspectiva de la competencia y de la buena regulación, la CNMC propone diversas mejoras. Entre ellas, acotar con mayor detalle el concepto de entidades de finanzas éticas y justificar de forma sólida la necesidad y proporcionalidad de los requisitos exigidos.
“Una delimitación insuficiente podría generar inseguridad jurídica o imponer restricciones injustificadas en el acceso a las medidas de apoyo, impulso y fomento previstas”, señala el organismo, que insta también a fijar indicadores claros, parámetros verificables y procedimientos de acreditación que permitan evaluar de forma objetiva y homogénea el cumplimiento de las condiciones por parte de entidades y proyectos beneficiarios.
Asimismo, la CNMC sugiere motivar los umbrales de territorialidad y los efectos positivos esperados de tales límites. Del mismo modo, recomienda introducir una referencia expresa a que las subvenciones contempladas pueden ser consideradas ayudas de Estado y, por tanto, deberán respetar la normativa europea vigente.
El informe plantea además la necesidad de incorporar criterios objetivos para medir el impacto social y ambiental de las iniciativas que opten a estos apoyos públicos.
Trabajo ultima el real decreto en tramitación urgente
El Ministerio de Trabajo y Economía Social está dando los últimos pasos para aprobar este real decreto, que el Gobierno ha decidido tramitar por la vía de urgencia.
La finalidad de la norma, cuya tramitación ha generado tensiones con el Ministerio de Economía, es avanzar en el desarrollo de la economía social y establecer un marco de promoción para el cooperativismo financiero en España y la banca ética.
Según fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz, al centrar el debate en lo que se considera ético o no ético, el decreto también tendrá repercusiones sobre la banca tradicional.
El real decreto fija las bases de un marco jurídico estable que reconozca y apoye a las entidades que operan bajo principios de transparencia, participación democrática y compromiso social y ambiental.