La CNMC plantea al Gobierno medidas para reforzar la competencia en los contratos de autobús

La CNMC propone al Gobierno cambios en los contratos de autobús para fomentar la competencia, acortar concesiones y mejorar la eficiencia del servicio público.

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Varios autobuses en la Estación de Fabra i Puig, a 23 de enero de 2026, en Barcelona Lorena Sopêna - Europa Press

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha remitido al Gobierno una serie de propuestas para reforzar la competencia y la eficiencia en los contratos de concesión de líneas de autobús. Entre ellas figuran la reducción de los plazos de concesión y la limitación de las prórrogas contractuales.

Estas sugerencias se derivan del análisis realizado por el organismo sobre los borradores de los pliegos tipo de los contratos de concesión de servicio público de transporte regular de viajeros por carretera de la Administración General del Estado (AGE), elaborado a petición del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El contenido de dichos pliegos será la referencia para adjudicar a las empresas que resulten ganadoras en las licitaciones las concesiones del servicio público de transporte regular de viajeros en autobús, dentro del nuevo mapa de líneas que el Ejecutivo está diseñando.

En este contexto, la CNMC insta a dividir los contratos en varios lotes para facilitar la entrada de más operadores, estimular la competencia y optimizar el uso de los recursos públicos. Solo en el caso de optar por un lote único, pide que se expliquen de forma detallada las razones técnicas y organizativas.

El organismo también propone ajustar la duración de cada concesión a sus características concretas, evitando recurrir de forma generalizada al plazo máximo de 10 años y haciendo un uso muy limitado de las prórrogas. Asimismo, sugiere revisar la obligación de adscribir un número mínimo de vehículos, dado que los pliegos ya fijan unas frecuencias y expediciones mínimas, sin perjuicio de lo previsto en el reglamento de transportes terrestres.

Además, recomienda concretar los criterios para fijar la antigüedad máxima de los vehículos adscritos a partir de parámetros económicos objetivos, como la amortización asociada a un mayor uso de los autobuses o sus niveles de emisiones. También aboga por interpretar de forma restrictiva las obligaciones de subrogación, de modo que se limite “exclusivamente al personal vinculado a la concesión” y se garantice la veracidad de la información proporcionada por el operador saliente, así como justificar la necesidad y proporcionalidad de la dotación mínima de personal exigida.

La CNMC plantea igualmente que se motiven los umbrales de solvencia económica y financiera y que se reconsidere la exigencia de experiencia previa en contratos de menor tamaño o complejidad. Propone, además, que las expediciones adicionales ofertadas se incluyan como criterio económico valorable mediante fórmulas, que se explique la reducción del peso de los criterios económicos y que se revisen los parámetros que determinan la presunción de anormalidad de las ofertas para adecuarlos a la situación real del sector.

Por último, el organismo sugiere suprimir el criterio basado en la “calidad percibida” y estudiar fórmulas alternativas para incentivar el uso de vehículos menos contaminantes, por ejemplo, atendiendo a su grado de emisiones. También plantea tener en cuenta otros modos de transporte, como metro, tranvía o ferrocarril, en el impulso de la intermodalidad, y justificar la necesidad y proporcionalidad de la obligación de ofrecer atención presencial al usuario en una de las principales paradas, en un contexto en el que existen otros canales de información y atención disponibles.