La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a una propuesta con nuevas medidas para combatir el fraude en el sector gasista, con la finalidad de frenar los enganches irregulares a la red y la manipulación de contadores, prácticas que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
El texto se centra en fijar el procedimiento de actuación para la detección y estimación del fraude en el suministro de gas natural y de GLP canalizado por parte de los titulares de las redes gasistas. Con ello se pretende evitar el perjuicio económico que estas conductas generan a las compañías del sector y a los usuarios, al tiempo que se refuerza la seguridad en el funcionamiento de las instalaciones receptoras de gas.
Según la propuesta, la regulación se aplicará a empresas transportistas, distribuidoras y comercializadoras de gas, a las compañías titulares de redes de GLP por canalización y a los consumidores de gas natural o GLP canalizado.
Las conexiones ilegales a la red y la alteración de los contadores son prácticas cada vez más frecuentes y constituyen un fraude para el sistema gasista. Además de incrementar los costes que asumen empresas y clientes, implican importantes riesgos vinculados a la seguridad ciudadana.
Para hacer frente a esta situación, la CNMC plantea simplificar y acelerar el procedimiento para que los titulares de las redes (distribuidores) puedan detectar el fraude con mayor rapidez y repercutir los importes correspondientes.
De este modo, se articula un procedimiento de detección y facturación del fraude en el sistema gasista, que deberán aplicar los titulares de las redes de gas. Este esquema se estructura en varias fases: la visita de inspección y levantamiento del acta de inspección; la apertura del expediente de fraude; la determinación de la cantidad de energía defraudada y su valoración económica; la notificación al consumidor del expediente y el trámite de alegaciones; y, por último, la facturación del fraude detectado.
El organismo regulador considera que esta propuesta permitirá mejorar la detección y persecución del fraude en el sistema gasista, ya que fija un protocolo claro de actuación para los titulares de las redes frente a los sujetos que incurren en estas prácticas, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos de los consumidores.
Actuaciones con rango de real decreto
La CNMC entiende, además, que las modificaciones normativas necesarias para poner en marcha este procedimiento pueden abordarse principalmente mediante normas con rango de real decreto, al ajustarse a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos.
El documento incorpora también criterios específicos para calcular las cantidades de gas defraudadas y su valoración económica. Como elemento novedoso, se introduce la posibilidad de reducir los recargos aplicados al defraudador si acepta el importe de la deuda y opta por la modalidad de pronto pago.
Asimismo, la CNMC considera que la nueva regulación podría aliviar la carga administrativa de las comunidades autónomas en la tramitación de los expedientes de fraude relacionados con las instalaciones de gas.