La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sostiene que las circulares de retribución de las redes eléctricas aprobadas este lunes, que fijan una tasa del 6,58% para la actividad de transporte y distribución entre 2026 y 2031, están “muy bien armadas jurídicamente” frente a una eventual “batalla” en los tribunales por parte de las compañías eléctricas.
Según explican fuentes del organismo, apenas hay procedimientos regulatorios con un nivel de tramitación e intervención de las partes interesadas tan elevado como el de estas circulares, en las que han participado mediante alegaciones y consultas públicas. Insisten en que el texto resultante está “muy bien armadas” y procede de un proceso participativo y de deliberación interna “muy exhaustivo”, por lo que no consideran que exista una situación de “riesgo alto” de acabar en los juzgados.
Como referencia, recuerdan el periodo retributivo anterior, en el que se implantó por primera vez este esquema de circulares. A pesar de que aquellas normas también fueron “muy tensas”, subrayan que todos los procedimientos judiciales abiertos se han resuelto a favor del regulador y “han sido confirmadas judicialmente” con “carácter firme”.
En cuanto a la decisión de no someter a un nuevo trámite de audiencia pública las circulares tras los dictámenes del Consejo de Estado sobre el nuevo modelo de retribución de la distribución eléctrica, las mismas fuentes consideran que no es “especialmente arriesgado” ni algo que les “preocupe mucho”, puesto que está “perfectamente motivado el por qué no es preciso”.
Han recalcado que la opción de no abrir una nueva audiencia pública después del dictamen del Consejo de Estado se ha “estudiado mucho”, y recuerdan que los informes de este órgano son de carácter consultivo y no vinculante. Añaden que habrá que ver finalmente si las empresas deciden recurrir y, en su caso, contra qué aspectos concretos de las circulares se dirigirían, ya que podrían impugnar solo una parte y no el conjunto.
El organismo presidido por Cani Fernández ha dado luz verde a las circulares sobre la tasa de retribución financiera (TRF) y la metodología de distribución eléctrica, que se suman a la circular de metodología de transporte eléctrico, aprobada el pasado 16 de diciembre.
En detalle, la primera circular incrementa en 100 puntos básicos la tasa aplicable a las actividades de transporte, operación del sistema y distribución de energía eléctrica respecto al periodo anterior, de modo que en el ciclo regulatorio 2026-2031 se sitúa en el 6,58%, frente al 5,58% vigente hasta ahora.
Impacto económico del aumento de la tasa
Fuentes de la CNMC calculan que el próximo periodo regulatorio implicará algo más de 2.000 millones de euros adicionales en la retribución de las empresas, exclusivamente por el aumento de la TRF.
En la misma línea, estiman que una subida de 10 puntos básicos sobre la tasa aprobada, pasando del 6,58% al 6,68%, y en función del escenario de demanda que finalmente se materializase, generaría entre 210 y 240 millones de euros más de ingresos para las compañías a lo largo de los seis años.
De acuerdo con estos cálculos, elevar la tasa hasta el 7% que reclamaban las eléctricas habría supuesto en torno a 900 millones de euros adicionales “que tendrían que pagar los consumidores”.
Votos particulares y funcionamiento interno
Respecto a los votos particulares emitidos por consejeros de la CNMC sobre las circulares —dos en el caso de la tasa de retribución financiera y tres en la relativa a la metodología de distribución eléctrica—, las fuentes consultadas admiten que tienen “un impacto mediático importante, aunque forman parte de la lógica normal de los órganos colegiados”.
“El sistema de decisión de la CNMC es de órgano colegiado, para bien y para mal, y permite mucha más riqueza en la deliberación, hace que no recaiga todo en una persona y promueve debates”, señalan.
Por otro lado, desde la CNMC destacan que el nuevo marco regulatorio, especialmente en su vertiente retributiva, es “flexible” para ajustarse a los cambios que puedan introducirse en la planificación de la red de transporte, actualmente en consulta por parte del Gobierno, así como a las planificaciones que se vayan aprobando cada año.
También defienden que este esquema pretende evitar incentivos perversos o posibles duplicidades en la retribución y, al mismo tiempo, configurar un modelo económicamente sostenible.