La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha un análisis sobre la restricción legal que, desde 2013, impide a los operadores mayoristas de carburantes ampliar su red de estaciones de servicio o suscribir nuevos contratos en exclusiva en aquellas provincias, islas o ciudades autónomas en las que ya superan una cuota del 30%.
El regulador explicó que este trabajo se emprende tras una petición de la Secretaría de Estado de Energía, organismo integrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El organismo que encabeza Cani Fernández estudiará el comportamiento de esta medida, así como sus efectos sobre la configuración y el grado de competencia del mercado minorista de carburantes en la última década, y determinará si mantiene su justificación en la actualidad.
Mediante una consulta pública, abierta hasta el 5 de marzo, la CNMC solicitará comentarios y documentación a empresas, propietarios de estaciones de servicio, consumidores y usuarios, asociaciones sectoriales, administraciones públicas, especialistas y cualquier persona u organización interesada en aportar información que considere de utilidad.
La restricción, recogida en la Ley 8/2015, se enmarca en un conjunto de cambios normativos aprobados para reforzar la competencia en la distribución de carburantes. Incorpora una cláusula de revisión que faculta al Gobierno a modificar el umbral del 30% o suprimir la prohibición “cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen”.