La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones que suman 20,5 millones de euros a varias sociedades del Grupo Repsol y les ha vetado el acceso a licitaciones públicas, según ha comunicado este martes el organismo que encabeza Cani Fernández.
En particular, Competencia ha multado a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por aplicar una política comercial “de estrechamiento de márgenes abusivo”, en perjuicio de las estaciones de servicio independientes que rivalizan con las de Repsol.
Durante el periodo analizado, Repsol ostentaba una posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción suministrados a estaciones de servicio en todo el territorio nacional. “El derecho de la competencia exige que las empresas en posición de dominio sean especialmente responsables de no restringir la competencia”, ha subrayado la CNMC.
El estrechamiento de márgenes comerciales, tal y como ha indicado Competencia, es una “conducta prohibida” para compañías dominantes por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
En este expediente, la práctica se ha referido a la venta de gasóleo A (GOA) a estaciones de servicio competidoras, que posteriormente suministran ese combustible a clientes profesionales, fundamentalmente empresas de transporte.
A finales de 2022, la CNMC llevó a cabo inspecciones en las sedes de varios operadores de hidrocarburos tras recibir distintas denuncias de asociaciones del sector y, en diciembre de 2023, abrió un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición de dominio en el mercado.
Estratagema comercial de Repsol
La CNMC ha concluido que varias compañías del Grupo Repsol pusieron en marcha una estrategia “incompatible” con su posición de dominio para ganar volumen frente a sus rivales —gasolineras independientes o de bajo coste— y tratar así de revertir la caída de ventas y de cuota de mercado que arrastraban desde 2019.
Según el regulador, esta estrategia consistió, por un lado, en elevar de forma “generalizada” el precio de venta mayorista de carburantes a las estaciones de servicio independientes.
Y, de forma simultánea, en aplicar en las estaciones de la red de Repsol, para los clientes profesionales que repostaban gasóleo (GOA), una campaña de descuentos adicionales al descuento de 5 céntimos por litro que la compañía podía fijar como alternativa a la prestación patrimonial de carácter público exigida por el Gobierno.
El resultado fue una práctica de estrechamiento de márgenes entre abril y diciembre de 2022, coincidiendo con el encarecimiento de los carburantes derivado de la invasión de Ucrania por Rusia. Estas subidas impactaron especialmente en el GOA, cuyo precio, durante seis meses de 2022, se situó por primera vez por encima del de la gasolina en España.
Como consecuencia, determinadas estaciones de servicio independientes vieron cómo su volumen de ventas de GOA a profesionales se reducía “drásticamente”, mientras que Repsol incrementaba sus ventas y reforzaba su cuota de mercado.
Para la CNMC, esta conducta es “especialmente grave” porque los afectados eran operadores de bajo coste que contribuían a dinamizar la competencia en áreas de elevada demanda, ubicadas en zonas fronterizas y/o en corredores estratégicos del transporte por carretera.
Detalle de la sanción y veto a licitaciones
En base a estos hechos, la CNMC ha fijado una multa de 20,5 millones de euros, de cuyo pago responderán de forma solidaria Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio y, también solidariamente, las matrices Repsol Customer Centric y Repsol, por una infracción “muy grave” del artículo 62.4.b) de la LDC.
Además, RSE, Campsa y Solred no podrán concurrir a concursos públicos para el suministro de combustibles de automoción ‘Gasóleo A’ durante un periodo de seis meses.
Frente a esta resolución cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su notificación.