La CNMV asume las directrices europeas para evaluar la formación de quienes asesoran sobre criptoactivos

La CNMV aplicará las directrices de ESMA para evaluar la formación del personal que informa y asesora a inversores en criptoactivos bajo el reglamento MiCA.

1 minuto

Fachada de la CNMV. EUROPA PRESS

Fachada de la CNMV. EUROPA PRESS

Comenta

Publicado

1 minuto

Más leídas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha incorporado las directrices europeas de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), que fijan los criterios para valorar los conocimientos y capacidades del personal que informa y asesora a los inversores en criptoactivos.

El supervisor español aplicará estas pautas en sus tareas de supervisión al amparo del Reglamento de mercados de criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés), según ha detallado en un comunicado.

Las directrices recogen los principios generales y los requisitos que deben observar los proveedores de servicios de criptoactivos para garantizar que el personal encargado de informar o asesorar sobre activos digitales dispone de un nivel adecuado de conocimientos y competencias.

En este marco, la ESMA subraya que el órgano de dirección del proveedor de servicios de criptoactivos “evaluará y revisará, al menos una vez al año, la eficacia de las políticas y los procedimientos establecidos” para ajustarse a la normativa y adoptará “las medidas adecuadas” para corregir cualquier deficiencia detectada.

Asimismo, el personal de estos proveedores deberá explicar a sus clientes las características esenciales, los riesgos y las particularidades de los servicios que ofrecen, junto con los tipos de costes y comisiones que asumirá el cliente en las operaciones con criptoactivos.

INFORMAR DE LOS RIESGOS

Entre los riesgos que deberán exponerse figuran, como mínimo, la elevada volatilidad, los riesgos de ciberseguridad, los derivados de un almacenamiento inadecuado por parte del cliente de sus claves criptográficas privadas, los riesgos informáticos como fallos de programas por deficiencias en el 'software' y los vinculados a las transferencias de criptoactivos.

La norma establece que, en un plazo máximo de dos meses desde la publicación de las directrices traducidas a las distintas lenguas oficiales de la Unión Europea el pasado 28 de enero, cada autoridad competente debe comunicar si tiene intención de atenerse a ellas.