La Comisión Europea ha iniciado un nuevo expediente de infracción contra España por no haber adaptado su normativa interna sobre morosidad en el comercio minorista a las reglas comunes europeas, tal y como las ha interpretado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en relación con la puntualidad en los pagos.
En este contexto, Bruselas ha enviado a las autoridades españolas una carta de emplazamiento, que constituye el primer paso de un procedimiento sancionador, en la que detalla las posibles irregularidades detectadas y abre un plazo de dos meses de intercambio con el Gobierno para que adopte las medidas oportunas.
Tal y como señalan los servicios comunitarios en una nota oficial, el Derecho español permite que los plazos de pago en la compraventa de bienes de consumo se alarguen de manera sistemática más allá de los 60 días, llegando en ocasiones a superar los 120 días.
Para la Comisión, esa situación “parece incoherente con la sentencia del Tribunal” porque rebaja la relevancia de la “puntualidad de los pagos”, un aspecto que el Ejecutivo comunitario considera “crucial” para que las empresas europeas “crezcan e inviertan” dentro del Mercado Único.
En este escenario, Bruselas confía en que España adopte medidas para “subsanar las deficiencias” y advierte de que, si no obtiene una contestación satisfactoria por parte de las autoridades españolas, pasará a la segunda fase del procedimiento mediante un dictamen motivado, el último paso de negociación antes de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).