La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España al considerar que no ha incorporado por completo a su ordenamiento jurídico las recientes normas comunes destinadas a reforzar la protección de los trabajadores frente a la exposición al amianto, cuya aplicación por parte de los Estados miembro es obligatoria desde el pasado mes de diciembre.
Esta normativa comunitaria renueva una directiva previa e incluye límites de exposición profesional más estrictos, así como medidas adicionales para disminuir los riesgos laborales asociados al amianto, una sustancia cancerígena de alta peligrosidad.
Bruselas subraya en un comunicado que esta regulación se integra en el enfoque global de la Unión para proteger de forma más eficaz frente a los riesgos derivados de la exposición al amianto tanto a las personas como al medio ambiente y garantizar “un futuro sin amianto”.
La incoación del expediente de infracción se materializa mediante una carta de emplazamiento enviada por los servicios comunitarios a las autoridades españolas, en la que se concede un plazo de dos meses para corregir la situación.
Si en ese periodo no se alcanza una solución, la Comisión Europea puede abrir un nuevo tramo de diálogo de entre uno y dos meses, tras el envío de un dictamen motivado, antes de valorar la posibilidad de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Junto a España, la Comisión Europea ha advertido igualmente a Chipre, Estonia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal y Eslovaquia por no haber comunicado aún la transposición de la directiva sobre amianto a sus legislaciones nacionales.