La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado plenamente a su normativa interna las reglas comunitarias sobre transparencia fiscal e intercambio de información en el ámbito de los criptoactivos.
El expediente se inicia mediante una carta de emplazamiento enviada por los servicios comunitarios a las autoridades españolas, en la que se concede un plazo de dos meses para corregir la situación y adaptar la legislación nacional.
Si en ese periodo no se alcanza una solución satisfactoria, Bruselas podrá emitir un dictamen motivado y otorgar un nuevo margen de diálogo de entre uno y dos meses antes de valorar la posibilidad de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Para el Ejecutivo comunitario resulta “fundamental” que las normas se apliquen de forma homogénea en todos los Estados miembro con el fin de asegurar “una mayor transparencia fiscal y luchar contra la elusión y la evasión fiscales en las rentas de inversión”.
Junto con el caso de España, la Comisión ha remitido comunicaciones similares a otros once países del bloque: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia y Portugal.