La Comisión Europea ha llamado la atención a España por ser el único Estado miembro de la UE que todavía no ha transpuesto ni comunicado de forma completa la directiva comunitaria sobre el régimen del IVA para pequeñas y medianas empresas, y ha confirmado que sigue en marcha un procedimiento de infracción que podría terminar ante el Tribunal de Justicia de la UE si continúa el incumplimiento.
Este aviso lo ha trasladado una representante de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, durante un debate sobre una queja presentada por un ciudadano español que denuncia una posible vulneración de esta normativa europea.
La directiva, aprobada en 2020 y aplicable desde 2025, establece un régimen de exención del IVA para pequeñas empresas bajo ciertas condiciones, con la finalidad de facilitar la actividad de las pymes y aliviar sus cargas burocráticas en el mercado interior.
Tal y como ha recordado la Comisión, los Estados miembro pueden decidir si introducen o no esta exención en su propio mercado nacional, pero están obligados a incorporar a su ordenamiento las normas que permitan a las empresas beneficiarse del régimen cuando operen y vendan en otros países de la UE.
En este contexto, el Ejecutivo comunitario ha reprochado que España sostenga que "no tiene intención" de aplicar la extensión interna del régimen para pymes, y ha señalado igualmente que no ha aprobado las disposiciones imprescindibles para que las empresas españolas puedan acogerse a la exención cuando comercializan en otros Estados miembro, algo que sí es obligatorio.
Bruselas ha precisado que en 2025 remitió una carta de notificación formal y puso en marcha el procedimiento de infracción, y que posteriormente envió un dictamen motivado por escrito en julio, al comprobar que España continuaba sin incorporar esta parte esencial de la directiva.
Según ha indicado la Comisión, las autoridades españolas respondieron admitiendo que aún no habían aprobado esas normas y se comprometieron a hacerlo a finales de 2025, aunque "hoy por hoy" no consta que se haya comunicado su cumplimiento.
"Hay dos opciones posibles: cerrar el procedimiento de infracción o pasarlo al Tribunal de Justicia", ha indicado la representante comunitaria, aclarando que la decisión final corresponde al Colegio de Comisarios.
Mientras, el peticionario ha denunciado que la ausencia de transposición está provocando una situación de desventaja para los pequeños negocios españoles que venden en otros países de la UE.
Según advierte, esta situación está "destruyendo" los negocios españoles y reduciendo su competitividad, por lo que pide a Bruselas que "fuerce a España a implementar esta directiva" para que las pymes puedan operar "en las mismas condiciones que los otros pequeños negocios europeos".
Durante el intercambio, el eurodiputado del PP Fernando Navarrete ha calificado de "evidente y flagrante" el perjuicio que esta falta de transposición ocasiona al mercado interior y ha reclamado a la Comisión "la máxima firmeza" para obligar a España a cumplir con sus obligaciones.
Desde las filas socialistas, la eurodiputada Sandra Gómez ha recalcado que la transposición corresponde al poder legislativo y ha detallado que la directiva está en tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el proyecto ya ha superado el debate de totalidad y aguarda su elevación al pleno antes de pasar al Senado.
Al término del debate, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha optado por mantener abierta la queja para poder retomar el asunto más adelante a la vista de la información adicional que faciliten las distintas partes.