La Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber completado la transposición de la directiva que actualiza los criterios de tamaño de las empresas para tener en cuenta el impacto de la inflación. Se trata de una obligación que los Estados miembros debían incorporar a su ordenamiento jurídico a más tardar el 24 de diciembre de 2024.
La norma eleva los umbrales monetarios que determinan si una empresa es considerada microempresa, pyme o gran compañía, con el objetivo de reflejar la inflación acumulada desde 2013. Bruselas considera este ajuste clave para evitar que empresas de menor tamaño queden sujetas a exigencias europeas en materia de información financiera y sostenibilidad diseñadas para compañías de mayor dimensión, lo que supondría una carga administrativa desproporcionada.
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario subraya que la mayoría de los Estados miembros ya han notificado la transposición completa de la directiva. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora por España —al igual que por Malta, cuyo expediente sigue el mismo camino— han sido consideradas insuficientes para cumplir plenamente con las exigencias del texto europeo.
La decisión de acudir al Tribunal de Justicia marca la tercera y última fase del procedimiento de infracción abierto por la Comisión. El proceso se inició en enero de 2025 con el envío de una carta de emplazamiento, que dio paso a un intercambio con las autoridades españolas para corregir la situación. Ante la falta de avances, Bruselas remitió un segundo requerimiento formal en julio del año pasado.
Al no haberse producido una transposición completa tras ese último aviso, la Comisión ha optado ahora por elevar el caso al TJUE, un paso que puede derivar en una sentencia condenatoria si el tribunal confirma el incumplimiento del Derecho comunitario.