La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo responsable de esclarecer el siniestro ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ya advirtió el año pasado de “la falta de cultura de seguridad” existente en el sector, tras comprobar que, en un incidente ocurrido el día de la dana de 2024, se tomaron decisiones “arbitrarias y sin respaldo procedimental”.
En su última memoria anual, consultada por Europa Press y en la que se recopilan las incidencias ferroviarias producidas en 2024, la CIAF examinó el descarrilamiento del tren AVE 2123 de Renfe en la línea entre Madrid y Andalucía, concretamente a la altura del municipio malagueño de Álora.
Aquel suceso tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, coincidiendo con la dana que golpeó sobre todo a Valencia, cuando a las 12.08 horas un desprendimiento de tierras provocado por las intensas lluvias invadió la vía y causó el descarrilamiento del tren en el punto kilométrico 124, sin que se produjeran heridos.
Ese mismo día, a las 13.07 horas, Adif comunicó el incidente en los siguientes términos: “Por una incidencia provocada por las intensas lluvias, un tren de alta velocidad Málaga-Madrid ha sufrido la salida de la vía de un bogie de la cabina delantera a su paso por Álora. No hay daños personales. Los viajeros serán transbordados a otra composición enviada desde Málaga”.
No obstante, la investigación independiente de la CIAF constató que el convoy que había circulado justo antes, también un AVE de Renfe en el trayecto Málaga-Madrid, había advertido la presencia de un bache en ese mismo punto kilométrico.
El responsable de circulación, tras hablar con el maquinista, decidió entonces rebajar la velocidad máxima en ese tramo a 200 kilómetros por hora. Esta limitación resultó insuficiente para impedir el descarrilamiento del tren siguiente, ya que el bache se agravó por la acumulación de más tierra sobre la vía.
Los investigadores subrayan que “el pleno de la CIAF señala la falta de cultura de seguridad evidenciada por la decisión de, sin verificar la causa del bache, sino simplemente reduciendo la velocidad de paso de una forma arbitraria, sin respaldo procedimental, y a un nivel (200 km/h) aún demasiado elevado para poder comprobar con seguridad qué es lo que sucede en la vía”.
Otro descarrilamiento en la provincia de Cáceres
El documento de la CIAF incluye asimismo otro descarrilamiento registrado en 2024 en la provincia de Cáceres, en un tramo de la red donde ya se había salido de la vía otro tren en 2023 y en el que se detectaron defectos en la infraestructura, con parámetros “fuera de tolerancia”.
En este punto, “el pleno de la CIAF pone de manifiesto la necesidad de efectuar la reparación de los defectos en la vía, de manera que se elimine el riesgo de descarrilamiento por esta causa, y en cualquier caso, la adopción de medidas de gestión que eviten o mitiguen el riesgo”, según recoge la comisión en sus conclusiones.
El organismo también instó a Adif a incorporar en las licitaciones para adjudicar a empresas privadas las labores de mantenimiento ferroviario condiciones y requisitos específicos de seguridad, junto con sus mecanismos de supervisión, además de asegurar la coordinación con otros contratistas y con el resto de la estructura de Adif, lo que llevó a la implantación de tres medidas internas en esta entidad pública.
Grado de aplicación de las recomendaciones
La memoria detalla igualmente el nivel de ejecución, por parte de los distintos agentes del sistema ferroviario, de las recomendaciones emitidas cada año por la CIAF.
De las 8 recomendaciones formuladas en 2018, hasta junio de 2024 solo se habían dado por cumplidas 4. Otro ejercicio con un bajo grado de implementación es 2021, cuando se plantearon 23 medidas y únicamente se han cerrado 4, el 17%. La comisión aclara que esto no implica necesariamente que no se hayan aplicado las actuaciones requeridas, sino que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) aún no había comunicado oficialmente su cumplimiento.