La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha reclamado al Gobierno que incluya de forma explícita medidas en materia de vivienda en el futuro Real Decreto-ley por la guerra de Irán, entre ellas la congelación del precio del alquiler de los contratos vigentes, una prórroga automática de tres años para los 600.000 contratos que expiran el próximo año y la recuperación de la moratoria antidesahucios, siguiendo el precedente marcado con la guerra de Ucrania.
En una nota pública, la organización ha censurado que el decreto vinculado al conflicto en Irán que el Ejecutivo tiene previsto aprobar no contemple, a diferencia de anteriores paquetes normativos, ninguna medida de protección específica para las personas inquilinas, pese al actual escenario bélico y a una crisis de vivienda que califican de “sin precedentes”.
Ante esta ausencia de medidas, la Confederación ha subrayado que el gasto en vivienda se ha convertido en el principal desembolso de los hogares en España, que destinan más del 50% de sus salarios al pago del alquiler, llegando incluso al 71% de los ingresos familiares en grandes ciudades como Málaga, Barcelona o Madrid.
Asimismo, ha alertado de que conflictos armados como el que se desarrolla en Irán suelen traducirse en una mayor presión sobre los precios del alquiler y en una llegada masiva de capital extranjero al mercado inmobiliario español en busca de activos refugio, lo que, según advierten, crea una “tormenta perfecta” para la concentración de viviendas en manos de los denominados fondos buitre, cuyo objetivo es la especulación con este bien básico.
En este contexto, la CSI ha planteado como prioridad la congelación inmediata de las rentas de alquiler mediante la supresión de las actualizaciones anuales actualmente vinculadas al Índice de Referencia de Alquileres de Vivienda (IRAV), con el fin de frenar nuevas subidas en plena crisis social.
Paralelamente, y teniendo en cuenta que este año finalizan 600.000 contratos de alquiler que afectan a 1,6 millones de personas en todo el Estado, la Confederación exige que se apruebe una prórroga obligatoria de estos contratos, replicando la fórmula ya aplicada en el paquete de medidas contra la inflación durante la guerra de Ucrania, para evitar que miles de familias se vean abocadas al desahucio.
En la misma línea, la entidad ha pedido reactivar la moratoria antidesahucios con el objetivo de impedir un repunte histórico de lanzamientos que podría dejar en la calle a hogares vulnerables sin alternativa habitacional viable.
“Sería incomprensible no incorporar las medidas de limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto”, ha concluido la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.