La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha reclamado una reforma inmediata de la Ley de Contratos del Sector Público y la revisión de la Ley de Desindexación, con la finalidad de que esta última deje de aplicarse a los contratos licitados por las administraciones.
La organización empresarial alerta de que la ausencia de actualización de precios, en especial los vinculados a la mano de obra, compromete la viabilidad económica de muchos contratos y puede derivar en la paralización o no ejecución de proyectos, además de repercutir de forma directa en las retribuciones de los trabajadores.
De acuerdo con CNC, cuando los contratos públicos no se adecuan a los precios reales de mercado se generan retrasos, renuncias a obras y ralentizaciones en su desarrollo, una situación que advierte de que “resulta especialmente preocupante” en el contexto actual.
Este problema cobra mayor relevancia en un escenario en el que es imprescindible desplegar los fondos europeos destinados a la construcción de grandes infraestructuras y proyectos públicos, incrementar el parque de vivienda disponible y empezar a articular respuestas frente a la que la patronal identifica como la principal inquietud de la ciudadanía.
La CNC reitera que la normativa debe modificarse “lo antes posible” para salvaguardar tanto a las empresas como al empleo, después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya adquirido con los agentes sociales el compromiso de promover un cambio legislativo que permita estudiar una flexibilización de las reglas de indexación en los contratos públicos de las compañías que ejecutan obras y prestan servicios para las administraciones, especialmente en lo relativo a los salarios.
En este contexto, la patronal y las organizaciones sindicales del sector de la construcción han acordado recientemente, en el VII Convenio General del Sector, presentar de forma conjunta propuestas de reforma de la Ley de Desindexación de la economía española y de la Ley de Contratos del Sector Público.
La finalidad de estas iniciativas es que la primera deje de aplicarse a los contratos públicos y que en la segunda se incorpore un mecanismo de revisión de precios similar al que estuvo vigente hasta 2015, recuperando la mano de obra como componente sujeto a revisión.