La Corte Constitucional de Colombia ha decidido suspender de forma provisional el decreto de emergencia económica y social que regía en todo el país desde el pasado 23 de diciembre, “mientras se profiere una decisión de fondo”, tal y como señaló el alto tribunal en un comunicado difundido en la noche del jueves.
La declaración de emergencia había sido aprobada por el Gobierno de Gustavo Petro después de que el Congreso rechazara a comienzos de diciembre la reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía obtener 16.300 millones de pesos (unos 3.700 millones de euros) para cerrar la financiación del presupuesto de 2026.
A través del Decreto 1390, el Gobierno colombiano quedaba habilitado para “dictar decretos con fuerza de ley” durante un periodo de 30 días, entre ellos la posible creación de nuevos tributos si se consideraba necesario.
Tras conocerse la suspensión, Petro denunció en su cuenta de ‘X’ que “estamos ante una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un gobierno que es amigo del pueblo trabajador”.
El presidente añadió que, mientras continúe al frente del Ejecutivo, “cualquier costo de la deuda no será pagada por el pueblo trabajador” y acusó a la Corte Constitucional de haber prejuzgado el contenido del decreto de emergencia.
“Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado social de derecho que la misma Constitución ordena”, aseguró el mandatario.