El mercado del alquiler en España ha cerrado 2025 en un contexto de mayor tensión y carga económica para los propietarios. Los últimos registros del sector sitúan la deuda media por impago en torno a los 4.000 euros por expediente durante el último año, con expedientes extremos que alcanzan los 49.500 euros, una cifra que pone de manifiesto la exposición de los arrendadores ante los inquilinos morosos.
Además del aumento de la morosidad, se observa un notable empeoramiento en los tiempos de gestión de los conflictos. El plazo medio para resolver incidencias por vías extrajudiciales ronda ya los 6 meses y, cuando el caso termina en un procedimiento de desahucio, los propietarios deben esperar alrededor de 14 meses de media para recuperar la vivienda.
En este contexto de cambio profundo en el mercado inmobiliario, la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) ha decidido ampliar su Garantía de Defensa Jurídica a tres tipos de inmuebles que hasta el momento no contaban con una protección específica: pisos turísticos, segundas residencias y viviendas vacías o puestas a la venta.
El CEO de SEAG, Pedro Bretón, detalla que esta ampliación responde al auge de los conflictos legales relacionados con el uso de la vivienda. “Este tipo de propiedades, al no encajar en los modelos tradicionales de seguro de alquiler, han quedado históricamente desprotegidas”, apunta el directivo, subrayando la conveniencia de asegurar los riesgos ligados a la elevada rotación y a la forma de utilización de estos inmuebles.
EL IMPACTO DE LA OCUPACIÓN EN VIVIENDAS EN VENTA
El problema va más allá del arrendamiento residencial clásico. De acuerdo con datos de Idealista, en septiembre de 2025 se registraron 23.010 viviendas ocupadas que estaban en proceso de venta, lo que supone casi el 3% del parque total en comercialización, frente al 2,6% anotado un año antes.
Este escenario obliga a numerosos propietarios a sacar al mercado inmuebles ya ocupados, asumiendo elevados gastos jurídicos y demoras significativas en la operación de venta.
Paralelamente, el aumento de las viviendas de uso turístico —que en 2024 superaron las 351.000 unidades— y la exposición de las segundas residencias a actos vandálicos y ocupaciones ilegales han impulsado la demanda de una protección jurídica ilimitada y de servicios de mediación especializados.
Con la entrada de estos nuevos segmentos, la garantía reforzada de SEAG pretende cubrir un vacío estructural del mercado, proporcionando defensa ante los tribunales y coberturas concretas frente al impago y los daños, con el objetivo de adaptarse a la nueva realidad de la propiedad inmobiliaria en España.