La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha avisado de que la iniciativa de crear un nuevo gravamen para el sector energético, ligada al impacto de la crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo, “crea inseguridad jurídica y ahuyenta los inversores, justo en el momento en el que más necesario es apostar por tecnologías como la eólica, como sustitutiva de la energía fósil importada”.
En su nota, la patronal eólica, que agrupa a compañías como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Moeve o Repsol, entre otras, señaló que la mera posibilidad de un nuevo impuesto sobre las empresas del sector eléctrico, planteado por los ministros de Finanzas de Austria, Alemania, España, Portugal e Italia ante Bruselas, condicionaría las decisiones de inversión en tecnologías renovables como la eólica, “que son más necesarias que nunca”.
La asociación recordó que España figura entre los países europeos con menor dependencia del gas en la formación del precio de la electricidad, ya que los usuarios españoles “han evitado la explosión de los precios de la electricidad de otros países gracias a una aportación del 65% de las tecnologías renovables autóctonas -siendo la eólica la que más aportó con el 22% del total-”.
Además, destacó que en marzo el precio de la electricidad en España se situó por debajo de la cotización del gas, al haberse desacoplado de la evolución internacional de los combustibles fósiles. El mercado eléctrico español (OMIE) registró un precio medio de 41,71 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 52,62 euros/MWh del gas en Mibgas.
Según sus cálculos, si el gas hubiera tenido en España el mismo peso en la fijación del precio de la electricidad que en otros mercados europeos, el coste de la luz habría superado los 100 euros/MWh.
El sector eólico insistió en que es “uno de los sectores industriales con más presión fiscal dentro de la economía” y defendió que España “necesita invertir más en eólica y lo debe hacer más rápido”, calificando esta apuesta como “una medida prioritaria 'país'”.
En esta línea, advirtió de que la introducción de un nuevo “coste sobrevenido -un nuevo impuesto sin justificación-” supondría un incremento del riesgo regulatorio y “agravaría la ya complicada situación por el limitado crecimiento de nuevas instalaciones, incluso con bloqueos estructurales en algunas comunidades autónomas”.