El Parlamento Europeo ha dado este jueves su aprobación definitiva a un paquete de normas destinado a reforzar la protección de los agricultores frente a prácticas comerciales desleales, con especial atención a las operaciones transfronterizas. La nueva regulación obliga a las autoridades nacionales a cooperar y a intervenir para frenar conductas abusivas por parte de grandes compradores y cadenas minoristas.
El texto ha salido adelante con una amplia mayoría de la Eurocámara, con 555 votos a favor, ninguno en contra y 26 abstenciones, y, tal y como explica la institución, tiene como objetivo garantizar que los profesionales del campo reciban una remuneración justa por su actividad.
Entre los cambios más relevantes se incluye la facultad de que los Estados miembro puedan actuar de oficio para atajar prácticas comerciales desleales que afecten a varios países, sin que sea imprescindible que el productor presente antes una denuncia formal.
Según explican los eurodiputados, este nuevo instrumento se inspira en el sistema de protección de las indicaciones geográficas dentro del mercado único y pretende evitar que los agricultores, que a menudo se encuentran en una posición negociadora más débil, tengan que enfrentarse en solitario a grandes operadores.
La normativa actualizada también contempla los supuestos en los que los compradores tengan su sede fuera de la Unión Europea. Para impedir que las compañías esquiven la legislación trasladando su domicilio social fuera del bloque, se les exigirá designar un representante o punto de contacto responsable ante la UE en caso de investigación, que actuará como interlocutor de las autoridades competentes y deberá colaborar en las pesquisas sobre posibles prácticas desleales.
Refuerzo del reglamento vigente y cooperación entre países
Asimismo, el reglamento refuerza el intercambio de información entre autoridades nacionales a través del Sistema de Información del Mercado Interior, una herramienta informática ya en funcionamiento que permitirá compartir alertas sobre prácticas abusivas o riesgos inminentes. Con ello se busca mejorar la coordinación, acelerar la reacción de los reguladores y aumentar el efecto disuasorio frente a comportamientos irregulares.
La reforma, que todavía debe ser adoptada formalmente por el Consejo antes de su entrada en vigor, viene a complementar la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales aprobada en 2019, que ya ofrecía protección a los agricultores frente a abusos como retrasos en los pagos o cancelaciones de pedidos con escasa antelación.
No obstante, dado que en torno al 20% de los productos agroalimentarios consumidos en la UE proceden de otro Estado miembro, el nuevo reglamento pretende reforzar la cooperación transfronteriza y cerrar las lagunas en la aplicación de la normativa cuando proveedores y compradores se sitúan en países distintos.