La Eurocámara blinda las compensaciones por retraso y reclama equipaje de mano gratuito sin recargos

El Parlamento Europeo se planta ante los Veintisiete: no quiere rebajar compensaciones por retraso y exige proteger el equipaje de mano sin recargos.

3 minutos

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Gabriel Luengas - Europa Press

Publicado

3 minutos

La comisión de Transporte del Parlamento Europeo ha fijado este lunes sus condiciones de partida para negociar con los gobiernos la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos, una actualización bloqueada desde hace más de diez años. Los eurodiputados se niegan a suavizar los umbrales que dan derecho a compensación por retraso y reclaman que se garantice el embarque con equipaje de mano sin costes adicionales.

La postura de la Eurocámara, que aún debe ser ratificada la próxima semana en el pleno de Estrasburgo (Francia), entra en conflicto con el acuerdo alcanzado por los Veintisiete el pasado junio. Los Estados miembros solo aceptan la gratuidad de un bulto personal que pueda colocarse bajo el asiento delantero (como mochilas, bolsos o fundas de ordenador), ignorando así el derecho reconocido por varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a viajar también sin recargo con una maleta de mano de hasta 100 cm (suma de largo, ancho y alto) y un peso máximo de 7 kg.

Los eurodiputados apuestan por conservar intactos los derechos ya consolidados para los usuarios, como el límite actual de tres horas de retraso (o cancelación o denegación de embarque) que activa el derecho a compensación, así como las cuantías previstas. Rechazan las modificaciones planteadas por los Veintisiete, que pretenden ampliar el margen de las aerolíneas para que no tengan que indemnizar hasta que el retraso alcance entre 4 y 6 horas, según la distancia del vuelo.

En la misma línea, se oponen a recortar las indemnizaciones y plantean que los importes se sitúen entre 300 y 600 euros, en función de la distancia recorrida. Frente a ello, el Consejo defiende un pago de 300 euros en retrasos de al menos 4 horas para vuelos de hasta 3.500 kilómetros y de 500 euros solo cuando la demora supere las 6 horas en trayectos de mayor recorrido.

Otra de las prioridades que quieren introducir en la revisión normativa es que las personas que viajen con menores de 14 años o con personas con movilidad reducida puedan elegir asiento sin restricciones ni sobrecostes para permanecer juntos.

Respecto a las circunstancias extraordinarias que eximen a las compañías aéreas de pagar compensaciones por retrasos o cancelaciones, los eurodiputados aceptan actualizar el listado, pero exigen que sea una lista “exhaustiva” y que la Comisión la revise de forma periódica para evitar abusos. Entre las situaciones que podría recoger figuran desastres naturales, guerras, fenómenos meteorológicos adversos o conflictos laborales imprevistos que afecten al operador aéreo, al aeropuerto o al proveedor de servicios de navegación aérea.

Los parlamentarios europeos también pretenden suprimir recargos adicionales que algunos pasajeros se ven obligados a asumir, por ejemplo por corregir errores ortográficos en los nombres o por la propia facturación, y reclaman que se permita presentar la tarjeta de embarque tanto en formato digital como en papel.

Además, la reforma deberá obligar a las aerolíneas a facilitar a los pasajeros afectados por incidencias un formulario único para reclamaciones de indemnización y reembolso, ya cumplimentado en lo esencial, sin necesidad de que el viajero lo solicite, o a habilitar canales de comunicación automáticos equivalentes en un plazo máximo de 48 horas desde el incidente.

Una reforma encallada durante más de una década

La Comisión Europea lanzó su primera propuesta de reforma en 2013 y el Parlamento Europeo fijó su postura en 2014, pero las discrepancias entre los Veintisiete han mantenido el expediente bloqueado durante más de una década.

Tras la propuesta revisada presentada por Bruselas en 2023 y el mandato acordado por los 27 el pasado junio, faltaba que los eurodiputados actualizaran su posición antes de iniciar la negociación final de la reforma.

En un primer dictamen no vinculante, también en junio, la Eurocámara ya había expresado su rechazo a la flexibilización defendida por el Consejo. Con el informe aprobado ahora en segunda lectura, la institución fija de manera clara sus líneas rojas para el cara a cara definitivo con los gobiernos.