El Parlamento Europeo ha dado este jueves su visto bueno definitivo a un paquete de nuevas normas destinadas a reforzar el marco de la Unión Europea para la gestión de crisis y quiebras bancarias, con la intención de ofrecer una mayor protección a los depositantes, reducir al mínimo el uso de recursos públicos y preservar la estabilidad del sistema financiero.
La reforma amplía el abanico de entidades sometidas a los mecanismos de resolución, de modo que podrán incluirse bancos pequeños y medianos siempre que se considere que existe un interés público, y dota a las autoridades de instrumentos adicionales para abordar estas situaciones de forma “más eficaz” y “armonizada” en toda la UE.
El texto aprobado fija que el coste de las quiebras deberá recaer principalmente sobre los accionistas y acreedores, así como sobre los fondos de garantía de depósitos sufragados por el propio sector bancario, con el propósito de restringir al máximo la utilización de dinero de los contribuyentes. Para poder recurrir a financiación externa, estos inversores tendrán que asumir pérdidas equivalentes, como mínimo, al 8% del total de pasivos y fondos propios de la entidad.
El sistema de garantía de depósitos, que cubre hasta 100.000 euros por titular y por banco, pasa a situarse en una posición prioritaria en el orden de reembolso en caso de insolvencia. A continuación figurarán los pequeños ahorradores y las micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que determinadas administraciones públicas de ámbito local quedarán en un escalón posterior.
La normativa incorpora además una protección reforzada para determinados depósitos ligados a operaciones inmobiliarias, que podrán beneficiarse de coberturas superiores, en una horquilla de entre 500.000 y 2,5 millones de euros, según las circunstancias concretas.
Al mismo tiempo, las nuevas reglas flexibilizan el uso de los fondos de garantía de depósitos en los procesos de resolución, en particular cuando se trate de entidades con menor capacidad de absorción de pérdidas, y abren la puerta a que los Estados miembro los empleen con carácter preventivo para evitar quiebras o asegurar que los depositantes mantengan el acceso a su dinero.
Este paquete legislativo abarca la revisión de la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancaria, el Reglamento del Mecanismo Único de Resolución y la Directiva relativa a los Sistemas de Garantía de Depósitos. La normativa entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque su aplicación generalizada no se producirá hasta transcurridos dos años.