La Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a un amplio paquete de recomendaciones para responder a la crisis habitacional en la Unión Europea, con iniciativas dirigidas a incrementar la oferta, agilizar los trámites administrativos y asegurar un acceso “digno, sostenible y asequible” a la vivienda en todos los Estados miembro.
Con 23 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, los eurodiputados han respaldado esta semana su informe definitivo, que se someterá al pleno en marzo y pretende orientar el plan europeo presentado en diciembre por la Comisión, centrado en movilizar capital público y privado, reforzar el parque de vivienda social y relanzar la construcción en el conjunto de la UE.
“La falta de vivienda es la forma más grave de pobreza y exclusión social”, recalca la Eurocámara, que vincula la situación actual a años de edificación insuficiente y a un “persistente desequilibrio” entre oferta y demanda, en un escenario en el que --recuerda-- los alquileres se han encarecido un 28,8 % desde 2010 y los precios de compraventa un 60,5 %.
Como respuesta, el Parlamento fija como objetivo principal ampliar el parque residencial y acelerar tanto la construcción como la rehabilitación, apostando por recortar cargas burocráticas y establecer un plazo máximo de 60 días para otorgar licencias relacionadas con proyectos sostenibles y asequibles.
“El informe sitúa la oferta de vivienda en el centro de la respuesta, reconociendo la necesidad de facilitar la construcción de unos 10 millones de viviendas adicionales en toda Europa”, ha explicado el eurodiputado 'popular' Borja Giménez Larraz, ponente principal del documento.
En su opinión, el texto adopta “un enfoque equilibrado” que “refuerza la protección de la propiedad privada, aporta seguridad jurídica y crea el marco adecuado para la inversión”, a la vez que “respeta la diversidad de los sistemas nacionales de vivienda” y ayuda a mejorar la asequibilidad en toda la Unión.
Vivienda en zonas tensionadas y medidas fiscales
El informe reclama que la futura legislación europea sobre alquileres de corta duración --que el Ejecutivo comunitario prevé presentar este año-- logre un punto de equilibrio entre la actividad turística y el derecho a la vivienda, de forma que la expansión de estos arrendamientos no deteriore la asequibilidad en las ciudades más tensionadas.
Además, los eurodiputados instan a los Veintisiete a poner en marcha “un sistema fiscal eficiente para las políticas de vivienda”, que incluya incentivos a la rehabilitación y a la nueva construcción, como la aplicación de tipos superreducidos de IVA, y que elimine obstáculos para los compradores primerizos y para el alquiler de larga duración.
Impulso industrial, empleo y condiciones laborales
El documento propone reforzar la capacidad industrial de la Unión en el ámbito de la construcción y la rehabilitación, promoviendo el uso de materiales y soluciones innovadoras y sostenibles, consolidando el mercado europeo de materias primas e introduciendo requisitos mínimos de origen europeo en los proyectos sufragados con fondos comunitarios.
Igualmente, los eurodiputados reclaman que la futura estrategia europea en este campo incorpore mejoras en las condiciones laborales, con más formación y salarios adecuados, favorezca el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales entre Estados miembro y, cuando sea necesario, permita atraer mano de obra cualificada de terceros países para cubrir vacantes.
El Grupo Socialista, que también ha apoyado la iniciativa, ha valorado que el informe incluya avances como el refuerzo de los derechos de los inquilinos, el reconocimiento del sinhogarismo como una de las formas más extremas de pobreza y medidas dirigidas a frenar la especulación y aumentar la transparencia.
No obstante, la eurodiputada Alícia Homs (S&D) ha señalado que el texto está “lejos” de ser el resultado que desearían y ha criticado que la negociación haya estado marcada, a su juicio, por “un enfoque excesivamente orientado al mercado”.
Aun así, ha defendido el voto favorable de su grupo porque “la gente espera que Europa actúe”, aunque ha recalcado que su respaldo “no es un cheque en blanco” y que seguirán apostando por una política de vivienda “centrada en las personas”.