El Parlamento Europeo ha instado este miércoles a la Comisión Europea a reaccionar con mayor rapidez ante posibles aumentos del precio del CO2 en el nuevo mercado de emisiones para el transporte por carretera y los edificios (ETS2, por sus siglas en inglés), con el fin de contener su efecto sobre los hogares.
Este mecanismo, integrado en la reforma del mercado de carbono de la UE y cuya entrada en vigor está prevista para 2028, abarcará las emisiones derivadas del uso de combustibles en estos sectores, así como en otros como la pequeña industria. Se aplicará a los proveedores de energía, que estarán obligados a adquirir derechos de emisión en función del CO2 generado.
El pleno ha fijado su postura con 433 votos a favor, 120 en contra y 91 abstenciones sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario para modificar la reserva de estabilidad del mercado, el instrumento que ajusta el volumen de derechos en circulación para influir en el precio del carbono. Este paso permite a la Eurocámara iniciar ahora las negociaciones con los Estados miembro para culminar la reforma.
En esta línea, los eurodiputados avalan en términos generales el enfoque de Bruselas, pero reclaman una reacción más rápida ante subidas del coste del carbono y proponen que la liberación de derechos en el mercado se active tras un mes, en vez de los dos meses contemplados inicialmente.
Además, apuestan por mantener más allá de 2029 el tope de 45 euros por tonelada de CO2 y actualizarlo con arreglo a los precios de 2026, así como por introducir un sistema gradual para retirar los derechos no utilizados a partir de 2034, en contraste con la cancelación automática sugerida por la Comisión.
El Parlamento subraya, sin embargo, que esta revisión no bastará por sí sola para amortiguar el impacto del ETS2 y remarca la necesidad de medidas adicionales que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles.
En este contexto, los eurodiputados plantean analizar la opción de que los Estados miembro puedan excluir temporalmente a los edificios residenciales del sistema si disponen de otras políticas para cumplir los objetivos climáticos, con el propósito de proteger a la ciudadanía de las consecuencias sociales más graves.
Asimismo, reclaman a la Comisión que lleve a cabo una evaluación exhaustiva del impacto del nuevo sistema tanto sobre las metas climáticas como sobre su dimensión social.