El pleno del Parlamento Europeo ha instado este miércoles a que el incremento del gasto en defensa en la Unión Europea no se lleve a cabo en detrimento de otras políticas comunitarias ni se sufrague mediante un aumento de la deuda pública.
En dos resoluciones respaldadas en la sesión celebrada en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados reclaman también reforzar la aplicación de las normas de gobernanza económica y colocar las políticas sociales en el núcleo de la coordinación económica de la UE, mediante actuaciones concretas contra la pobreza y la exclusión social.
En primer lugar, en un informe sobre prioridades económicas —aprobado con 392 votos favorables, 219 en contra y 18 abstenciones—, la Eurocámara advierte de “tendencias económicas preocupantes” en la economía europea, entre ellas el aumento de la deuda pública, el escaso crecimiento y la persistencia de la inflación.
En este escenario, los eurodiputados muestran inquietud porque algunos Estados miembro ya han recurrido a las llamadas “cláusulas de escape” de las nuevas reglas fiscales, que permiten suspender temporalmente los topes de déficit y deuda, apenas un año después de que estas normas hayan empezado a aplicarse.
Al mismo tiempo, solicitan a la Comisión que revise el sistema de “recomendaciones específicas por país”, las directrices que Bruselas remite cada año a los gobiernos nacionales para orientar sus decisiones económicas, y piden que sean menos numerosas, más concretas y que se detallen mejor los criterios utilizados para su elaboración.
En relación con el gasto en defensa, remarcan que este tipo de desembolso no incrementa de forma automática la capacidad productiva de la economía, por lo que, a su juicio, no debería sostenerse mediante una mayor emisión de deuda a largo plazo.
MÁS PESO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
En paralelo, en una segunda resolución centrada en el empleo y las cuestiones sociales —aprobada con 404 votos a favor, 208 en contra y 20 abstenciones—, los eurodiputados piden reforzar la dimensión social en la coordinación de las políticas económicas y situar el pilar europeo de derechos sociales como eje de este proceso.
Entre las iniciativas propuestas figura la puesta en marcha de un presupuesto específico de, al menos, 20.000 millones de euros para la Garantía Infantil Europea, así como la recomendación de que los Estados miembro dediquen un mínimo del 5% de los recursos del Fondo Social Europeo Plus a combatir la pobreza infantil y a impulsar el bienestar de la infancia.
Los eurodiputados subrayan además la importancia de mejorar el seguimiento de los avances sociales en la Unión, con especial atención a fenómenos como la pobreza entre personas con empleo, la brecha laboral que afecta a las personas con discapacidad y las dificultades de acceso a una vivienda asequible.