El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves que la Unión Europea ponga en marcha una estrategia global para hacer frente a la explotación laboral en el bloque comunitario, abarcando la subcontratación abusiva, el empleo ilegal y la intermediación fraudulenta, al entender que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y alteran la competencia en el mercado único.
Con 332 votos a favor, 209 en contra y 33 abstenciones, el pleno ha dado luz verde a un informe que insta a la Comisión Europea a redoblar sus esfuerzos contra estas conductas que --subrayan los eurodiputados-- suponen una violación de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos.
El documento advierte de que la externalización de actividades empresariales esenciales puede derivar en entornos laborales más fragmentados y menos seguros, con menor transparencia y una rendición de cuentas más débil.
Asimismo, señala que las largas cadenas de subcontratación pueden exponer a los trabajadores a jornadas más extensas, salarios más bajos, mayores riesgos para la salud y la seguridad y una mayor precariedad.
Según el informe, combatir las prácticas ilegales en las cadenas de subcontratación no solo protege a los trabajadores, sino que también garantiza unas condiciones de competencia equitativas para las empresas que cumplen la normativa.
En esta línea, los eurodiputados resaltan la necesidad de fortalecer las relaciones laborales directas, sobre todo en los sectores de mayor riesgo, y reclaman mejorar la cooperación entre la Autoridad Laboral Europea, Europol, las autoridades nacionales y los interlocutores sociales, con el objetivo de reforzar la aplicación de la legislación y la coordinación transfronteriza.
En el plano sancionador, el Parlamento avisa de que, en la actualidad, las personas sujetas a prohibiciones comerciales en un Estado miembro pueden eludirlas creando empresas en otro país de la UE.
Además, recuerda que, según datos de Eurostat, en 2023 se registraron 3.298 accidentes laborales mortales en la Unión y trae a colación las advertencias de Europol sobre la infiltración del crimen organizado en la economía legal, destacando que el 86% de las redes criminales más peligrosas utilizan empresas legales --especialmente en los sectores de la construcción y la logística-- para facilitar la explotación y el fraude.
Por ello, la Eurocámara pide avanzar hacia el reconocimiento mutuo de prohibiciones comerciales y sanciones penales, así como garantizar que las sanciones por delitos laborales sean “efectivas, disuasorias y proporcionadas”.