La Eurocámara facilita el pacto arancelario con EEUU pero impone salvaguardas ante nuevas amenazas

El Parlamento Europeo respalda el pacto arancelario con EEUU, pero exige cláusulas de suspensión y un límite temporal para blindar los intereses de la UE.

2 minutos

Votación en sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada en Bruselas. DAINA LE LARDIC / EUROPEAN PARLIAMENT

Votación en sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada en Bruselas. DAINA LE LARDIC / EUROPEAN PARLIAMENT

Comenta

Publicado

2 minutos

Más leídas

El pleno del Parlamento Europeo ha fijado este jueves sus condiciones para dar luz verde al acuerdo comercial entre Washington y Bruselas que limita los aranceles de Estados Unidos a las importaciones europeas. Se trata de un mandato que respalda el pacto, pero que exige que se incorporen mecanismos de suspensión si la Casa Blanca introduce nuevos gravámenes o lanza nuevas amenazas económicas contra Estados miembros de la Unión Europea.

“El Parlamento solo respaldará los términos comerciales del acuerdo si el reglamento contiene salvaguardias claras y solo después de que Estados Unidos haya respetado plenamente los términos del acuerdo”, ha indicado el presidente de la comisión de Comercio Exterior de la Eurocámara (INTA) y ponente, el socialista alemán Bernd Lange.

Entre las prioridades fijadas por la Eurocámara destaca el refuerzo de la “cláusula de suspensión” para poder congelar el acuerdo si Estados Unidos decide aplicar nuevos aranceles adicionales --como los anunciados tras un fallo judicial desfavorable pero que no se han ejecutado contra la UE-- o si Washington recurre a la presión económica para tratar de condicionar las decisiones del bloque comunitario.

En esta línea, los eurodiputados piden que la Comisión Europea tenga la capacidad de proponer la suspensión parcial o total de las preferencias comerciales si Estados Unidos rebasa el umbral del 15% pactado para las tasas generalizadas o activa nuevos aranceles sobre sectores que hasta ahora no se veían afectados.

Los parlamentarios europeos consideran además que esta palanca de suspensión debe poder utilizarse en escenarios que perjudiquen los objetivos del acuerdo, supongan discriminación para los operadores económicos de la UE, pongan en riesgo la integridad territorial o las políticas exterior o de defensa de los Estados miembro, o impliquen formas de coerción económica.

Con la votación celebrada en sesión plenaria en Bruselas este miércoles, la Eurocámara se declara preparada para abrir las negociaciones con el Consejo (los gobiernos) sobre la configuración definitiva de la vertiente comercial que la UE otorgará al acuerdo sellado el pasado verano en Escocia entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Por este motivo, entre las exigencias incorporadas por los eurodiputados en su mandato figura una “cláusula de aplicación” que establece que el nuevo marco arancelario solo entrará en vigor si Washington cumple íntegramente los compromisos asumidos.

En detalle, el llamado “Acuerdo de Turnberry” fija un límite del 15% para el arancel generalizado sobre los productos europeos, a cambio de que la UE renuncie a responder con medidas recíprocas; sin embargo, excluye el acero y el aluminio comunitarios, que continúan soportando una tasa del 50%.

El polémico entendimiento alcanzado por Von der Leyen con Trump contempla igualmente compromisos de la Unión que rebasan el ámbito de la política comercial, competencia de Bruselas, como compras de energía a Estados Unidos por 750.000 millones de dólares y proyectos de inversión en ese país por otros 600.000 millones. Estas obligaciones no figuran en las propuestas legislativas sobre las que se pronuncia en esta ocasión el Parlamento Europeo.

Asimismo, la Eurocámara defiende que este marco normativo para aplicar el pacto tenga una vigencia limitada y no indefinida, de forma que caduque el 31 de marzo de 2028. No obstante, los eurodiputados se muestran dispuestos a contemplar una prórroga, siempre que se base en una nueva propuesta legislativa negociada y vaya precedida de una evaluación de impacto exhaustiva.