El pleno del Parlamento Europeo decidirá en la sesión de la próxima semana si pone en marcha el procedimiento para presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una denuncia contra el acuerdo de asociación y comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur, un pacto que ambas partes rubricarán este sábado y cuyo componente comercial podría aplicarse de forma provisional antes de que los eurodiputados se pronuncien formalmente sobre los textos.
La cuestión no se debatirá en el hemiciclo de Estrasburgo (Francia), pero sí se someterá a la votación del pleno a través de dos resoluciones separadas: una impulsada por los Verdes y la Izquierda Europea y otra presentada por el grupo de Patriotas por Europa.
“Tras dos meses de obstrucción de la presidenta del Parlamento, nuestra resolución para recurrir al Tribunal de Justicia de la UE el acuerdo UE-Mercosur será sometido a voto el próximo miércoles”, ha anunciado en un comunicado la copresidenta de la Izquierda Europea, la eurodiputada francesa Manon Aubry, quien ha asegurado que “cada voto cuenta” y que la decisión será “determinante para comprobar la legalidad del acuerdo”.
En el caso de los Patriotas por Europa, la iniciativa plantea solicitar al TJUE que se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los Tratados de la Unión y propone que el pacto quede en suspenso mientras la Justicia europea no resuelva el asunto.
En una nota, Vox sostiene que la Comisión Europea ha decidido “trocear” el acuerdo en dos instrumentos distintos: un pilar comercial interino, de competencia exclusiva de la UE, y un acuerdo de asociación que necesita el respaldo del Parlamento Europeo para su entrada en vigor.
Esta separación, argumenta la formación, “no figura en el mandato negociador aprobado por el Consejo, que exigía expresamente un acuerdo único y mixto, y que la Comisión carece de competencias para alterar por su cuenta la naturaleza jurídica de un tratado internacional ya negociado”.
En este escenario, y mientras se confirma que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afrontará en este pleno la cuarta moción de censura en seis meses, promovida por los grupos de ultraderecha precisamente por sus críticas al acuerdo con Mercosur, Bruselas reitera que aún no se ha adoptado una decisión definitiva sobre la aplicación provisional del pacto.
El Ejecutivo comunitario admite que la parte comercial podría entrar en vigor una vez firmada este sábado, sin aguardar al voto de la Eurocámara, pero en las últimas semanas ha evitado precisar si contempla activar esa vía, pese al malestar del sector agrario europeo y a la oposición de gobiernos como los de Francia e Irlanda.
“Para ser claros: No se ha tomado ninguna decisión sobre la aplicación provisional del acuerdo de Mercosur. En las próximas semanas, la Comisión se centrará en dialogar con los eurodiputados para obtener su apoyo, antes de la votación final sobre el acuerdo”, ha declarado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.
“Creemos que este es un acuerdo que el Parlamento Europeo puede apoyar con plena confianza”, ha concluido.