El recibo eléctrico de un consumidor medio acogido a la tarifa regulada, el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se encareció un 15,5% en 2025, convirtiéndose en la tercera factura anual más alta registrada, solo superada por 2021 (1.116,04 euros) y 2022 (1.538,53 euros), de acuerdo con un estudio de Facua-Consumidores en Acción.
En 2025, el coste anual ascendió a 975,88 euros, frente a los 845,26 euros de 2024, lo que se traduce en un gasto medio mensual de 81,32 euros para ese usuario tipo.
El mes más caro del año fue febrero, cuando el recibo alcanzó los 95,70 euros para un consumidor medio, definido como un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un uso mensual de 366 kilovatios hora (kWh), según el perfil de referencia utilizado por la organización.
En la comparativa mensual, el recibo repuntó un 7,7% en diciembre, hasta los 87,00 euros, frente a los 80,76 euros abonados en noviembre. Este importe supuso la tercera factura más elevada de todo 2025, solo por detrás de los 95,70 euros de febrero y los 91,69 euros de enero.
Desde enero de 2025, el kW de potencia contratada se sitúa en 14,14 euros mensuales, resultado de la suma de cargos y peajes en periodos punta y valle, más el margen de comercialización. En diciembre, el precio medio del kWh consumido fue de 28,27 céntimos en horario punta, 19,48 céntimos en el llano y 14,78 céntimos en el valle.
En comparación con diciembre del ejercicio anterior, el coste de la energía en horario punta se ha incrementado un 2,7%, mientras que se ha abaratado un 11,9% en el periodo llano y un 14,5% en el valle.
PIDE “MODIFICACIONES DE CALADO” EN EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE TARIFAS
Facua ha reclamado al Ejecutivo “a emprender nuevas medidas regulatorias para reducir el desproporcionado margen de beneficio de las grandes eléctricas” y ha exigido “modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada”.
La asociación ha reiterado que, desde 2021, demanda que la nuclear y la hidroeléctrica queden fuera de la subasta marginalista diaria y pasen a tener precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo, lo que, a su juicio, impediría “los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora”.
Asimismo, Facua ha censurado la falta de iniciativas del Ministerio para la Transición Ecológica dirigidas a impulsar que los consumidores soliciten los descuentos del bono social eléctrico.
Del mismo modo, ha reclamado actuaciones para promover que los hogares ajusten la potencia contratada, ya que, según sus cálculos, los usuarios domésticos abonan a las compañías alrededor de 1.000 millones de euros adicionales cada año por los kilovatios de más que figuran en sus contratos.