La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha mostrado su rechazo al paquete de medidas en materia de vivienda aprobado este viernes por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario, al considerar que estas iniciativas “pueden agravar la situación del alquiler” y llegar a ser “contraproducentes”.
En una nota difundida tras la reunión del Ejecutivo, la patronal inmobiliaria advierte de que “la congelación de rentas o la prórroga forzosa de contratos como medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán pueden agravar la situación del alquiler en un contexto de incertidumbre internacional”.
La organización sectorial también expresa su “preocupación” ante el conjunto de propuestas impulsadas para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, subrayando que, “lejos de solucionar el problema, pueden resultar contraproducentes”.
El presidente de la FAI, José María Alfaro, incide en que es “fundamental adaptar medidas para que los efectos de la crisis no supongan un agravante más para el problema de la vivienda y sus elevados precios”, y advierte sobre decisiones políticas que, “aunque bien intencionadas, puedan agravar los desequilibrios existentes en el mercado, generando más miedo y presión” sobre el sector.
Alfaro sostiene que la experiencia reciente muestra que “las intervenciones excesivamente restrictivas tienden a retraer la oferta disponible, reduciendo las opciones para los inquilinos y afectando especialmente a los colectivos más vulnerables”.
En esta línea, reclama que las distintas administraciones “actúen con responsabilidad” y den prioridad a “medidas que aporten estabilidad a corto, medio y largo plazo”, recordando que la actual “crisis habitacional” tiene un carácter estructural y “no es coyuntural”.
El dirigente de la FAI añade que la situación geopolítica asociada a la guerra en Irán “introduce un nuevo foco de incertidumbre en la economía global, con posibles repercusiones en el mercado inmobiliario español”.
En paralelo, el Gobierno ha detallado tras el Consejo de Ministros extraordinario la aprobación de un paquete de 80 medidas con el que asegura que movilizará 5.000 millones de euros. Entre las actuaciones previstas figuran la reducción del IVA al 10% en carburantes, electricidad y gas, la rebaja de otros tributos que inciden en la factura eléctrica y una bonificación de 20 céntimos dirigida a transportistas y agricultores.