La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha enviado una carta al recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que le solicita la celebración “a la mayor brevedad” de un encuentro de trabajo para tratar la financiación local y avanzar hacia un marco “más estable, suficiente y previsible” para los gobiernos locales.
En la misiva, García-Pelayo defiende que resulta “necesario” iniciar una nueva fase en la que la financiación local “reciba la atención institucional que le corresponde”, tal y como se recoge en el escrito remitido al titular de Hacienda.
La presidenta de la FEMP traslada asimismo su esperanza en que, “bajo la responsabilidad del nuevo ministro”, pueda asentarse “un modelo de interlocución basado en un diálogo real, fluido y sincero”, que haga posible dejar atrás la “no comprensible dinámica de aplazamientos” y encarar con “determinación y lealtad institucional” los desafíos pendientes en este ámbito.
La petición se formula tras la celebración la semana pasada de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que —según explica la presidenta— no se incluyó en el orden del día ningún asunto relativo a la financiación local, pese a los escritos enviados con anterioridad a la exministra de Hacienda, María Jesús Montero.
García-Pelayo ha incidido en que las reuniones extraordinarias de la CNAL tampoco han incorporado temas vinculados a las reivindicaciones de los gobiernos locales, más allá de los marcados por imperativo legal, como los objetivos de estabilidad presupuestaria, lo que a su juicio ha contribuido a seguir posponiendo un debate que considera “inaplazable”.
En este marco, la presidenta de la FEMP ha recordado que siguen sin resolverse cuestiones que requieren “una respuesta inmediata”, como la actualización de las entregas a cuenta para 2026, la definición del destino del superávit de 2025 o la revisión del régimen de las inversiones financieramente sostenibles para que puedan destinarse, entre otros objetivos, a la promoción de vivienda pública.
Junto a estos asuntos, García-Pelayo menciona la necesidad de aprobar los coeficientes del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para 2026, poner en marcha los trabajos para actualizar el modelo de financiación local, revisar la tasa de residuos y crear grupos de trabajo específicos sobre la regla de gasto y sobre los municipios en situación de riesgo financiero.