La Fiscalía Europea mantiene abiertas 3.602 pesquisas por fraude que afecta a las finanzas de la Unión Europea, con un perjuicio calculado de 67.270 millones de euros. Más de dos tercios de esa cantidad están vinculados al IVA y a los derechos de aduana, según se desprende de su último informe anual. El documento sitúa en 97 los procedimientos en marcha en España, con un impacto estimado de 796,2 millones.
El informe, que detalla la actividad del organismo durante 2025, subraya que este tipo de fraude, basado en eludir impuestos y aranceles que deberían ingresar en las cuentas públicas, está ganando terreno frente a los casos relacionados con subvenciones y fondos europeos.
La fiscal general, Laura Kövesi, ha advertido de que el fraude en el IVA y en aduanas genera "beneficios muy elevados con riesgos relativamente bajos", lo que está transformando el ecosistema criminal en la UE y desplazando otras actividades ilícitas tradicionales.
En España, de las 97 causas activas, 57 se incoaron a lo largo de 2025 tras la recepción de 108 denuncias, con un daño estimado de 414,15 millones de euros. De todos los expedientes, 23 se refieren a tramas de fraude fiscal ligadas al IVA y a las aduanas, mientras que 22 tienen carácter transfronterizo.
En el conjunto de la Unión, la Fiscalía abrió 2.030 nuevos expedientes durante el último ejercicio, un 35% más que en 2024, con un impacto económico asociado de 48.700 millones de euros. De este modo, el volumen total de investigaciones activas ascendió a 3.602 a cierre de año.
Los casos vinculados al uso irregular de fondos europeos —subvenciones, ayudas o programas comunitarios— suponen el 68% de las investigaciones en curso (2.450 expedientes), aunque su impacto económico se limita a 18.670 millones, el 27% del total estimado.
Por el contrario, los delitos relacionados con el IVA y las aduanas representan solo el 27% de los procedimientos abiertos (981 investigaciones), pero concentran el 67% del daño económico global, lo que pone de relieve la elevada rentabilidad de estas organizaciones.
El documento detalla asimismo 512 investigaciones activas ligadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), pieza clave del plan "NextGenerationEU", cuyo calendario de pagos hasta 2026 mantiene alto el riesgo de fraude.
En el ámbito judicial, la tasa de condena en los asuntos tramitados por la EPPO ronda el 95%, con 275 escritos de acusación formal presentados en 2025 —un 34% más que en el ejercicio previo— contra 1.438 personas ante los tribunales nacionales.
A lo largo del año, los jueces aprobaron medidas de embargo por valor de 1.130 millones de euros, mientras que los activos efectivamente inmovilizados alcanzaron los 288,9 millones.
La Fiscalía recibió además 6.966 denuncias en 2025, un 6% más que el año anterior, procedentes sobre todo de particulares y de autoridades nacionales.