La gran distribución denuncia la grave falta de coherencia en las normas sobre bebidas energéticas

La gran distribución critica las nuevas normas de Galicia y Asturias sobre bebidas energéticas por fragmentar el mercado y generar inseguridad jurídica.

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Un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado. SOLSTOCK

Un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado. SOLSTOCK

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La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y La Distribución Anged han advertido de las "graves" consecuencias que, a su juicio, pueden acarrear las iniciativas legislativas de Galicia y Asturias sobre el consumo de bebidas energéticas, al provocar una ruptura de la unidad de mercado, según señalan en un comunicado.

En particular, las patronales que agrupan a cadenas como Mercadona, Dia o Lidl, por un lado, y a El Corte Inglés, Alcampo y Eroski, por otro, subrayan que estas regulaciones introducen "diferencias injustificables" en la edad mínima de venta de estos productos, además de medidas "tan intervencionistas" como impedir su compra cuando el comprador va acompañado de un menor.

De este modo, las asociaciones de la distribución alimentaria arremeten contra la "falta de coherencia" que, en su opinión, reflejan las últimas normas autonómicas sobre bebidas energéticas aprobadas en distintas comunidades españolas.

Galicia aprobó el pasado 7 de enero la Ley de Protección de Personas Menores y Prevención de las Conductas Adictivas, que establece en 18 años la edad mínima para el consumo de bebidas energéticas. Por su parte, el Parlamento asturiano está a punto de dar luz verde al Proyecto de Ley de Regulación de la Venta, Suministro y Consumo de Bebidas Energéticas para la Protección de Menores, que fija en 16 años la edad mínima para su adquisición.

Las organizaciones empresariales remarcan que en dos comunidades limítrofes se producirá un "hecho inexplicable": un joven de 17 años podrá comprar bebidas energéticas en un municipio situado, por ejemplo, a apenas diez minutos de otro donde esa misma compra le estará vetada.

Recuerdan que ya se ha debatido entre los sectores implicados si estas restricciones se apoyan realmente en evidencias científicas o en criterios de salud pública suficientes como para imponer una edad mínima de consumo. Y, en caso de que así fuera, sostienen que no se entiende que no se armonice la edad en todo el territorio nacional para evitar una profunda fragmentación del mercado interior.

Asedas y La Distribución Anged advierten de que esta quiebra de la unidad de mercado se traducirá en nuevas cargas administrativas que complicarán la operativa de las empresas de distribución y, al mismo tiempo, generarán desconcierto entre los consumidores.

Como ejemplo, señalan que en Asturias los empleados de los comercios deberán comprobar dos límites de edad distintos entre sus clientes potenciales (16 años para bebidas energéticas y 18 para el alcohol) a partir de la fecha de nacimiento que figura en el DNI, lo que añadirá una dificultad extra al cumplimiento de la norma que recaerá exclusivamente sobre los distribuidores. En la misma línea, consideran que "aún resulta más difícil" de asumir para el sector la prohibición de vender estas bebidas a mayores de 18 años cuando estén acompañados de un menor.

En la práctica, de acuerdo con la futura regulación asturiana, un adulto que entre en el establecimiento con sus hijos menores podrá comprar cualquier bebida alcohólica, en la cantidad que desee, pero no una bebida energética.

Las patronales califican esta situación como una "invasión de la esfera privada y personal" que "con toda probabilidad" provocará conflictos en las líneas de caja, ya que el personal de los supermercados tendrá grandes dificultades para explicar la medida a los clientes, al no existir precedentes en España de una norma que condicione la compra de un producto por parte de adultos al hecho de ir acompañados o no por menores.

Por todo ello, las asociaciones de la distribución alimentaria instan al Gobierno del Principado y a todos los grupos con representación en el parlamento asturiano a que "reconsideren" esta disposición e introduzcan los cambios necesarios para evitar la "grave ruptura de unidad de mercado" que, según denuncian, generará, así como los "costes desproporcionados" para un sector que, recuerdan, lleva años colaborando activamente en la protección de la salud, en el acceso a una alimentación equilibrada y en la defensa de los menores, algo que, subrayan, ha quedado demostrado en las situaciones más exigentes que ha afrontado la sociedad española en los últimos tiempos.