La industria alimentaria española ha acogido con satisfacción la decisión comunicada este viernes por la Comisión Europea (CE) de poner en marcha de forma provisional el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, después de su ratificación en Argentina y Uruguay.
En concreto, fuentes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han indicado a Europa Press que, dado el “inestable escenario internacional”, este anuncio se produce en un “momento oportuno”, ya que es “importante” para las exportaciones de la industria alimentaria española.
No obstante, la patronal del sector ha reiterado la “importancia de proteger a los sectores más sensibles”, así como de “garantizar los mismos estándares de calidad y seguridad sanitaria y medioambiental para los productos de Mercosur que lleguen a Europa”.
El pacto entre la Unión Europea y Mercosur se concreta en un contexto de elevada tensión geopolítica global, en el que la industria española de alimentación y bebidas trata de diversificar destinos y abrir nuevos mercados para sus referencias.
La patronal presentó hace poco un estudio específico sobre Mercosur, elaborado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la colaboración de ICEX, la Comisión Europea y la consultora de internacionalización How2go, en el que se subraya la relevancia de este acuerdo con un mercado de 273 millones de consumidores y las oportunidades de exportación que representa para la industria alimentaria española.
En 2024, el valor de las ventas españolas a esta región alcanzó los 329 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de Mercosur superaron los 2.200 millones.
Von der Leyen activa la aplicación provisional del pacto
De esta forma, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes que inicia el procedimiento para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado en las últimas horas sus respectivos procesos de ratificación.
“Se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro”, ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario en una breve declaración sin preguntas en la sede de la institución en Bruselas, tras recordar que el Consejo (gobiernos) ya dio luz verde en enero a Bruselas para proceder a la aplicación temporal cuando fuera posible.
De este modo, la jefa del Ejecutivo comunitario opta por seguir adelante con la aplicación del pacto a pesar de que el Parlamento Europeo ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si lo negociado se ajusta al Derecho comunitario, lo que en la práctica congela su propio proceso de ratificación para la entrada en vigor definitiva.
En este contexto, Von der Leyen ha reconocido que ha estado “debatiendo intensamente” con las capitales y con los eurodiputados durante las últimas semanas antes de comunicar su decisión y ha subrayado que la entrada en vigor “provisional” es, por definición, temporal y no definitiva.
Aunque Von der Leyen no ha concretado un calendario preciso para el proceso, un portavoz comunitario ha explicado posteriormente en rueda de prensa que la tramitación llevará “unos dos meses”, si bien por ahora no disponen de una fecha exacta. Tras las ratificaciones al otro lado del Atlántico, la Comisión intercambiará con esos países “notas verbales” para notificar la voluntad de que el acuerdo comercial se aplique de forma temporal y, a partir de ese intercambio, comenzará a contar el plazo de dos meses.
La Unión Europea y los países de Mercosur firmaron el pasado enero los acuerdos político y de libre comercio con los que ambas regiones culminaron casi 26 años de negociación y fijan un nuevo marco de relaciones, que sale adelante pese al rechazo del campo europeo y de alrededor de media docena de Estados miembros, entre ellos Francia y Polonia.
La parte comercial, de competencia exclusiva de la UE, puede comenzar a aplicarse de manera interina desde que al menos uno de los países del bloque del Cono Sur complete su propio proceso de ratificación, algo que sucedió este jueves en Uruguay y Argentina.
La entrada en vigor definitiva del conjunto de los acuerdos, sin embargo, exige un procedimiento de ratificación más complejo, que incluye la aprobación por parte de los Veintisiete y el consentimiento del Parlamento Europeo, que puede respaldarlo o rechazarlo, pero ya no introducir cambios.
En el caso de la Eurocámara, ese voto permanece en suspenso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva el recurso planteado por los eurodiputados sobre la compatibilidad del pacto comercial con el Derecho comunitario, lo que ha detenido de facto su ratificación.