El sector eólico ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de que España suprima los cuellos de botella regulatorios y favorezca un mayor dinamismo en la demanda de electricidad, según expuso este martes la Asociación Empresarial Eólica (AEE) durante la presentación del “Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2024”, elaborado por Deloitte.
Según los datos difundidos por la patronal, la industria eólica española aportó 3.274 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) en el último ejercicio. De ese montante, 1.962 millones proceden de la contribución directa y 1.312 millones de los efectos indirectos, lo que representa el 0,25% del PIB nacional.
La actividad del sector generó 37.070 puestos de trabajo, un 4,7% más que el año anterior. España se consolida como el cuarto exportador mundial de aerogeneradores, con unas ventas al exterior que alcanzaron los 1.953 millones de euros.
En el plano energético, la eólica permitió evitar la importación de 11,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo, valoradas en 2.829 millones de euros, y recortó en 30,8 millones de toneladas las emisiones de CO2, contribuyendo de manera “decisiva” a los objetivos climáticos y a la reducción de la dependencia energética del exterior.
El director general de la AEE, Juan Virgilio Márquez, subrayó en la presentación que las cifras ponen de manifiesto que la eólica es un activo económico, industrial y ambiental de “enorme” relevancia para España. “Es una tecnología confiable para la operación del sistema eléctrico y es la fuente de generación que el consumidor industrial necesita por su precio competitivo y perfil de generación estable”, remarcó.
No obstante, Márquez advirtió de que el ritmo de expansión actual resulta “insuficiente”. “Si no desbloqueamos los cuellos de botella regulatorios, damos seguridad jurídica a la tramitación de proyectos y aceleramos la electrificación, España perderá una oportunidad histórica de reindustrialización y de progreso para los territorios”, alertó.
En relación con la autonomía industrial y la seguridad energética, añadió: “La eólica también es industria propia con ADN europeo y garantía de autonomía industrial y energética. 2026 debe ser un punto de inflexión para que la cadena de salga reforzada”.
El 83% de la potencia eólica, concentrada en cinco comunidades
Los parques eólicos se reparten por 868 municipios de los 8.132 que hay en España, lo que implica que uno de cada diez municipios cuenta con instalaciones de este tipo. En conjunto, los parques ocupan tan solo el 0,017% de la superficie del país, lo que evidencia su reducido impacto territorial y su integración en el entorno.
Las provincias con mayor densidad de parques eólicos son Lugo, Las Palmas de Gran Canaria y La Coruña.
El 83% de la potencia eólica instalada en España se agrupa en cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía, que se sitúan a la cabeza de la generación renovable en el país.
En 2024, las regiones que más potencia eólica nueva sumaron fueron Castilla y León, con 550 megavatios (MW) adicionales, seguida de Aragón, con 246 MW, y Navarra, que añadió 196 MW a su capacidad.
En cuanto a la producción, el liderazgo corresponde a Castilla y León, con 12.198 gigavatios hora (GWh), seguida por Aragón, con 11.168 GWh, Castilla-La Mancha, con 8.748 GWh, Galicia, con 8.636 GWh, y Andalucía, con 6.532 GWh.
El empleo se concentra principalmente en seis comunidades: Galicia (3.692 profesionales y el 17,9%), País Vasco (3.367 y el 16,3%), Andalucía (2.303 profesionales y el 11,2%), Castilla y León (1.960 profesionales y el 9,5%), Aragón (1.734 profesionales y el 8,4%) y Navarra (1.712 profesionales y el 8,3%).
En cuanto a los retos estratégicos fijados para 2026, el sector señala la necesidad de acelerar la electrificación, eliminar los cuellos de botella en la tramitación de proyectos, impulsar la repotenciación de parques, reforzar la seguridad del sistema eléctrico, poner en marcha de forma efectiva la eólica marina, mejorar la aceptación social y combatir la desinformación, así como articular un marco regulatorio de protección de la biodiversidad que sea equilibrado y coherente con la normativa europea.