La inmigración se ha convertido en un elemento estructural de la economía española y ha aportado de manera decisiva al avance registrado en los últimos años, “sin efectos negativos significativos sobre el empleo ni los salarios de los trabajadores nativos”, de acuerdo con el informe “Análisis de algunos efectos económicos de la inmigración en España” elaborado por el Instituto Santalucía.
El documento determina que la incorporación de población extranjera “ha impulsado el crecimiento principalmente a través del aumento de la oferta de trabajo” y plantea que, en términos generales, “no se producen impactos adversos sobre el mercado laboral de los españoles”, aunque reconoce que pueden darse tensiones competitivas en grupos específicos, como los jóvenes con menor nivel educativo.
Ante esta situación, el estudio explica que estos efectos pueden materializarse en cambios de puesto o de lugar de residencia entre los trabajadores nativos más vulnerables, por lo que propone que la política migratoria vaya acompañada de actuaciones en formación, orientación laboral y apoyo a la movilidad interna.
Casi la mitad del crecimiento se explica por la inmigración
Desde el punto de vista macroeconómico, el Instituto Santalucía resalta que la inmigración ha desempeñado “un papel relevante en el avance del PIB reciente”. El informe recoge estimaciones que atribuyen en torno al 47% del crecimiento acumulado entre 2022 y 2025 (4,2 puntos) a la incorporación de mano de obra extranjera.
En materia fiscal, el impacto medio se califica como “modesto”, con un saldo limitado que varía según factores como la edad, el nivel de ingresos o la situación en el mercado de trabajo. No obstante, subraya que la incorporación temprana al empleo formal “resulta clave” para reforzar la aportación a las finanzas públicas.
El texto también indica que procesos como la regularización de inmigrantes pueden favorecer una mayor formalización del empleo y un incremento de la recaudación sin perjuicios para el empleo de los nacionales, al tiempo que contribuyen a reducir la economía sumergida.
Menor presión sobre los servicios públicos y retos pendientes
En relación con el uso de los servicios públicos, el Instituto Santalucía observa que la población inmigrante presenta “un uso similar o ligeramente inferior” de la atención primaria y una menor utilización de la atención especializada, algo que se vincula a la existencia de posibles barreras de acceso.
Asimismo, el informe no encuentra una relación directa entre la inmigración y el aumento de la delincuencia a nivel agregado, ya que no se detecta un repunte proporcional de la criminalidad en los periodos de mayor llegada de extranjeros.
Por último, el Instituto Santalucía señala como desafíos prioritarios agilizar la homologación de títulos académicos, reforzar los mecanismos de transición laboral para los trabajadores nativos más afectados por la competencia y mejorar la coordinación de las políticas migratorias dentro de la Unión Europea.