La Junta Fiscal Europea ha alertado de que la puesta en marcha del renovado marco de reglas fiscales de la UE está generando incertidumbres y dificultades de interpretación de algunos resultados, en un escenario en el que varios Estados miembros, entre ellos España, se sitúan en riesgo de vulnerar la senda de gasto recomendada.
En su informe sobre la ejecución de los planes fiscales nacionales y los proyectos presupuestarios de cara a 2026, este organismo independiente revisa el primer ciclo de aplicación del nuevo marco de gobernanza económica aprobado por la UE tras la reforma de 2023.
Entre las conclusiones más relevantes, la Junta Fiscal subraya que la Comisión Europea ha hecho una “interpretación extensiva” de la cláusula nacional de escape, el instrumento que autoriza desviaciones temporales respecto a la trayectoria de gasto con el fin de facilitar el incremento del gasto en defensa.
Según el documento, este enfoque permite que los Estados que aumentaron su presupuesto militar entre 2021 y 2024 empleen parte del margen generado para financiar otras partidas de gasto o aplicar rebajas tributarias, siempre dentro del tope de flexibilidad fijado.
El organismo sostiene que esta opción debería acotarse y recalca que la flexibilidad contemplada en estas normas “debería restringirse estrictamente al aumento del gasto en defensa”, con el fin de salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.
El análisis se detiene también en la forma en que Bruselas comprueba el respeto de las reglas fiscales. De acuerdo con el texto, el procedimiento se ha utilizado de manera “mecánica”, lo que puede complicar la lectura de los resultados si no se acompaña de una valoración más amplia del contexto fiscal específico de cada Estado.
Conforme a esta evaluación, España figura entre los países con riesgo de incumplir la senda de gasto, junto con Croacia, Lituania y Eslovenia, mientras que Malta y Países Bajos se sitúan en la categoría más severa, la de “riesgo de incumplimiento material”.
El informe añade que España fue el único miembro de la zona euro que no había remitido su proyecto de plan presupuestario para este ejercicio dentro del plazo marcado en octubre de 2025, si bien puntualiza que ello no implica necesariamente que el Ejecutivo no esté adoptando decisiones con impacto en las cuentas públicas.
CAMBIO METODOLÓGICO SOBRE EL IRPF
El documento analiza igualmente el cambio metodológico introducido por la Comisión para estimar el denominado “fiscal drag”, el aumento automático de la recaudación que se produce cuando los tramos del impuesto sobre la renta no se actualizan con la inflación.
Hasta el otoño de 2024, el examen comunitario tenía en cuenta la práctica concreta de cada país en relación con la actualización de los tramos del IRPF. Con la nueva metodología, en cambio, Bruselas parte de la hipótesis de que todos los Estados miembros indexan dichos tramos a la inflación.
Esta modificación puede incidir en la valoración del cumplimiento en algunos Estados —entre ellos España, Irlanda, Italia y Chipre— donde la indexación de los tramos del impuesto sobre la renta no es una práctica generalizada.
En el caso de España, el informe indica que una lectura convencional de este efecto haría que la cuenta de control anual para 2026 rebasara el umbral del 0,3% del PIB, lo que podría alterar la evaluación del país desde “riesgo de incumplimiento” a “riesgo de incumplimiento material”.