La Justicia de Estados Unidos ha dejado sin efecto la sentencia de primera instancia sobre la expropiación de la petrolera YPF, que otorgaba a los demandantes una compensación de 16.100 millones de dólares (13.975 millones de euros).
“Se trata de un hito histórico jurídico sin precedentes en la historia nacional que resguarda de manera directa los recursos de todos los argentinos y reafirma la solidez de la estrategia legal adoptada”, ha anunciado el presidente de Argentina, Javier Milei, en un comunicado oficial.
El tribunal de apelaciones resolvió este viernes que el fallo inicial había hecho una lectura incorrecta de la legislación argentina y, por tanto, debía ser corregido, una tesis que ya venía defendiendo la representación legal del Estado argentino.
El 19 de marzo, la Justicia ya había decidido paralizar una orden de descubrimiento de pruebas que habría permitido a los demandantes de YPF requerir datos sobre posibles activos embargables de Argentina, entre ellos sus reservas de oro.
La jueza de distrito Loretta Preska había concluido en septiembre de 2023 que los derechos de los querellantes se vieron vulnerados por la nacionalización y ordenó a Argentina transferir a una cuenta segura el 51% de las acciones que controla en YPF.
El Gobierno de Buenos Aires sostuvo que Preska no tenía competencia, al entender que la jurisdicción correspondía a los tribunales del país latinoamericano. En esta línea, dos de los tres integrantes de la sala de apelaciones ya habían manifestado durante la instrucción sus reservas sobre la capacidad de la Justicia estadounidense para intervenir en este asunto.
Contexto de la nacionalización y el litigio
YPF fue objeto de nacionalización en 2012, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, mediante una ley aprobada en el Congreso Nacional que autorizó al Estado a quedarse con el 51% de la petrolera, participación que hasta entonces estaba controlada por la española Repsol.
El conflicto llegó a los tribunales estadounidenses en 2025, después de que los fondos Burford Capital y Eton Park interpusieran una demanda tras comprar los derechos de litigio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
Estas compañías del grupo argentino Petersen, con sede en España, controlaban un 25% del capital de YPF en el momento de la nacionalización. Ambas sociedades reclamaban una compensación al entender que Argentina estaba obligada a lanzar una OPA sobre las acciones que no estaban en manos de Repsol.